En nuestro país, el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja desde mediados de 2012 hasta inicios de 2015. Claramente esto puede apreciarse al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, las cuales oscilaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en 2014. Sin embargo, la disminución que llegó a registrarse durante aquellos años no persistió y justamente a partir de abril de 2015, el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.
Aunado a ello, hay que tener presente que la problemática vinculada directamente con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.35% respecto al año anterior.
Si lo anterior no es suficiente para demostrar que el homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 15.46 por ciento. Aunado a esto, debemos considerar al mismo tiempo la debilidad en los registros de homicidio que permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.
Dicho de otra manera, tras una década en una abierta crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, parece que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país siguen sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que pareciera que a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad deberíamos formular a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado y qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 2025, 2035, 2045 en materia de incidencia delictiva y violencia?
Ante esta serie de interrogantes hay un cuestionamiento fundamental que debemos realizar: ¿algun funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo estas preguntas? Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se está cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.
Me atrevo a afirmarlo debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las diversas autoridades del país "los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada"; "si comparamos el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy por debajo"; "México tiene un problema de mala imagen"; "en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México". Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:
- La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.
- Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.
- Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.
- Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.
- Más de 17 mil víctimas de homicidio doloso en 2015, mil 300 de secuestro, 5 mil de extorsión, más de 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a los delitos, falta de acceso a la justicia genera la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.
- La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.
Es difícil cambiar si no reconocemos que estamos mal, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus personas con una visión a 30, 40, 50 años.
Los homicidios dolosos han subio y es cierto quue podrían bajar en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los grupos de delincuencia organizada; ni hemos logrado desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué tanto los criminales logren mantener su paz armada.
Cada una de las 17 mil víctimas de homicidio doloso en 2015, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.