El sistema de pensiones mexicano es desigual y no sostenible. El sistema de pensiones mexicano está fragmentado en más de 1,000 subsistemas de pensiones y en él conviven distintos esquemas de pensiones: reparto; afores; ahorro voluntario y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), lo que genera un sistema de pensiones desigual y no sostenible.
Es necesario realizar una reforma integral en pensiones. La sostenibilidad fiscal del gasto público en pensiones es débil, dado que crece entre 5 y 7% promedio anual. Este gasto es financiado, principalmente, con gasto corriente, es decir, con los impuestos de todos los mexicanos. Por el aumento en el gasto pensionario y porque los resultados esperados del sistema de cuentas individuales no se han logrado, instituciones como la OCDE o el BID han expresado la necesidad de realizar una reforma integral al sistema de pensiones.
Después de 23 años de la creación del SAR, se presenta una propuesta de reforma a las pensiones del IMSS. Sin una iniciativa de reforma pública, el gobierno federal presentó tres modificaciones a la Ley del Seguro Social:
1) Reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750 lo que aumentará el número de personas con acceso a una pensión;
2) Incrementar las aportaciones patronales de 5.15 a 13.65 para que la tasa de cotización se ubique en 15%;
3) Aumentar el monto de la Pensión Mínima Garantizada que pasaría de 3 mil 289 a 4 mil 345 pesos.
La propuesta de reforma a pensiones del IMSS es parcial. De acuerdo con la información presentada, son modificaciones de algunos parámetros que determinan el nivel de pensión de un trabajador; alcanzan al 30% de la población económicamente activa y solamente afecta a un subsistema en el esquema de cuentas individuales o Afores.
No incluye la discusión sobre el alto gasto en pensiones, ni la creación de una ley marco de pensiones. Por un lado, en 2020, se aprobaron más de un billón de pesos para pagar pensiones o 4.2% del PIB, del cual 85% se asigna a pensiones del esquema anterior, el de reparto. La CEPAL proyecta que para 2030 este gasto represente 5.1% del PIB1, desplazando el gasto público en educación, salud e infraestructura. Por otro lado, es necesario que exista una ley marco que homologue los requisitos, obligaciones y beneficios de todo el sistema de pensiones mexicano con el objetivo de hacerlo más equitativo.
Los cambios propuestos en la Ley del Seguro Social pretenden mejorar, en monto y cobertura, las pensiones de los trabajadores privados afiliados al IMSS. Sin embargo, al no conocer los detalles de la iniciativa de ley, es difícil dimensionar los efectos en el mercado laboral y en el costo fiscal. Si el sector empresarial asume el aumento de la tasa de cotización, el empleo formal se encarece. Además, el aumento de cobertura y monto de la pensión mínima garantizada puede incrementar el gasto público en pensiones en mediano y largo plazo.
*Alejandra Macías Sánchez
Directora de investigación. Realizó el Doctorado en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene experiencia en evaluación de programas, evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Ha trabajado en el programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es directora de investigación en el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas.
1. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45820/1/S2000382_es.pdf