Arturo Porcallo Eguiluz es el octavo periodista asesinado en lo que va de 2018. Lo asesinaron en Guerrero, estado violento como resultado de la confrontación entre bandas de la delincuencia organizada que buscan el control de la goma de opio que allí se produce y por ser zona de tránsito de la cocaína proveniente de Centro y Sudamérica.
En marzo de este año, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México lograron el aseguramiento de 900 kilogramos de dicha droga, frente a las costas guerrerenses. El dato refleja la importancia estratégica de ese estado.
En el caso del homicidio del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez ocurrido en Yajalón, Chiapas, Article 19 documentó que éste recibió amenazas de muerte por parte del ahora ex diputado federal Leonardo Guirao Aguilar y del suplente Ricardo López Montejo, ambos del Partido Verde Ecologista de México, de donde procede el propio gobernador y senador con licencia, Manuel Velasco Coello.
Hasta poco antes de su homicidio, tenía protección del gobierno del estado de Chiapas, la que le fue retirada sin explicación alguna.
Es previsible que la investigación no sea atraída por las autoridades federales. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha demostrado ser un apéndice inútil de otro órgano al que las administraciones panistas y la de Enrique Peña Nieto se han encargado de destruir en todos sentidos.
Por eso diversas organizaciones de la sociedad civil mantienen la presión a efecto de que quien dirija a la Fiscalía General de la República, que nacerá luego de la extinción de la PGR, sea una persona de probada capacidad ética y técnica, sin compromisos con ninguno de los poderes del Estado.
El atentado contra Arturo Porcallo Eguiluz, así como como el ocurrido contra Mario Leonel Gómez Sánchez, Rubén Pat Cahuich, José Guadalupe Chan Dzib, Juan Carlos Huerta, Leobardo Vázquez Atzin, Pamela Montenegro, Carlos Domínguez y tantos más hasta sumar 120 desde el año 2000, sólo se explica por la connivencia entre servidores públicos de todos los niveles e integrantes de la delincuencia organizada. Criminales de ambos lados, por acción u omisión.
La administración de Andrés Manuel López Obrador que comienza el primero de diciembre, no puede —bajo ninguna circunstancia— ser omisa en lo relativo a la procuración de la investigación de los delitos contra la libertad de expresión. Otras violencias
La violencia contra las y los periodistas es un mecanismo tendente a coartar este derecho constitucional y humano, pero no es el único. Ya el propio presidente electo ha dado señales poco halagüeñas de lo que será su política en este ámbito.
Su determinación a no responder a las preguntas sobre temas de interés público formuladas por las reporteras, mediante la generación de actos inapropiados son elementos que mueven a la genuina preocupación.
Ocurre lo mismo con la violación a los derechos laborales de los periodistas por parte de varios medios de comunicación. En días recientes, 240 trabajadores despedidos de Milenio Diario acordaron unirse para demandar justicia respecto de sus derechos. La dirección del medio les ha ofrecido una liquidación que equivale a menos de la mitad de lo que por derecho les corresponde y ha difundido el bulo de que se trató de “renuncias voluntarias”.
Desafortunadamente, la opinión pública ha entendido mal los problemas laborales de los periodistas y los colaboradores periodísticos, al denostar de manera generalizada su actividad.
Hace falta que los medios asuman mecanismos de transparencia respecto de sus finanzas y que fortalezcan sus estándares éticos, en razón de que trabajan con un bien público llamado información.
Sin embargo, la parcialidad de algunos y la corrupción generada por los gobiernos de todos los partidos, que ha hecho un uso abusivo de los recursos públicos para la promoción de su imagen, no deben ser motivo para producir un escarnio generalizado respecto de la labor informativa.
La unión de los trabajadores de Milenio puede ser un paso importante para obligar a los empresarios de la información a respetar los derechos laborales, pero también para fortalecer la economía del prestigio, que tanto requieren nuestros medios.