Main logo

La polémica del fraude electoral y el golpismo

Prepárense por la polémica del fraude: a las impresiones y no tanto las pruebas, a las batallas mediáticas y las narrativas falsas. | Stephen D. Morris*

Por
Escrito en OPINIÓN el

México tiene una larga historia de fraude electoral. Por lo tanto, es entendible que sigamos manteniendo la guardia y expresando nuestra preocupación. Tan es así, que sólo en las noticias nacionales del 25 de mayo, encontré varias señales de esta polémica.

Por un lado, durante la reunión de la oposición Va por México del día anterior, Marko Cortes “celebró que, por fortuna, la Organización de Estados Americanos ha confirmado que enviará observadores´”. Además, encontramos la noticia sobre la preocupación expresada por los especialistas de Estados Unidos y Canadá de que la "tensión entre gobierno y autoridades electorales pone en peligro [los] comicios" y de que el gobierno mexicano intenta crear una ventaja argumentando un fraude electoral. 

Sin embargo, según el experto de Canadá, “no se puede hablar de fraude sin tener pruebas...”. De forma similar, Lorenzo Córdova (INE) señaló su preocupación de una narrativa falsa de fraude, citando los ataques del gobierno y aliados contra el Instituto Nacional Electoral

De este tipo de declaraciones, comparto algunas observaciones al respecto: 

1. Después de su debacle en el caso de Bolivia en las elecciones del año 2019, donde la OEA gritó fraude sin tener pruebas, provocando el golpe de Estado, no estoy tan seguro que deberíamos confiar mucho en esta institución o celebrar su participación en México. No cabe ninguna duda de que la OEA hizo más daño a Bolivia y a su democracia que bien. Dado que bajo el liderazgo de Luis Almagro la OEA sí ha mostrado su capacidad política e interés para golpear a los gobiernos de izquierda, no me sorprende que Marko Cortés celebre la observación de la OEA en las elecciones actuales. Cuidado: México no quiere sufrir lo que le sucedió a Bolivia. 

2. La idea de que “no se puede hablar de fraude sin tener pruebas” es no solo peligroso e insincero, pero ello no toma en cuenta el ejemplo de Donald Trump en gringolandia. El presidente gringo hablaba de fraude antes de los comicios, aclarando que si él no ganaba la elección, sería porque hubo fraude. Y sigue argumentándolo. No obstante, sin poder comprobar el fraude electoral (hubo múltiples procesos de certificación del voto, varios recuentos de votos, y más de 50 casos judiciales), Trump sí pudo convencer a muchos Republicanos (del gobierno y de la ciudadanía) sobre los problemas con las elecciones (algo que están usando los Republicanos para suprimir el voto en el futuro). Trump sí perdió la elección y aunque no tienen pruebas de fraude, muchos no lo quieren creer. En fin, el asunto es mucho más complicado que las pruebas de fraude. Lo que cuenta en la política son las impresiones, suposiciones, campañas mediáticas, narrativas falsas. Y esto depende también de a quién le crees y qué opinan los líderes de tu tribu.     

Aquí, llama la atención que, en el artículo sobre Córdova, al expresar su preocupación por la narrativa falsa de fraude, el jefe del INE si menciona el caso de Trump, pero no dice nada sobre el caso de la OEA en Bolivia. Igual que en el caso de Trump, la OEA produjo una narrativa falsa de fraude electoral, pero su falsedad fue mostrada demasiado tarde para evitar el daño. Por supuesto, Trump intentó un golpe, pero sin éxito. Celebrar a la OEA como observador electoral sería entonces como invitar a Trump a observar las elecciones. 

3. Actualmente, enfrentamos una situación en la cual la oposición está preocupada por el fraude de parte del gobierno—y por lo tanto apoyan a la OEA e INE—mientras el gobierno está preocupado por el fraude de la oposición (particularmente en los estados controlados por ellos), por la participación de la OEA, y por el INE. Quizá es muy normal en México que todos estén preocupados por el fraude orquestado por sus contrincantes. Pero llama la atención el hecho que ambos, el experto canadiense y Córdova expresan su preocupación del fraude electoral en turno de la controversia que existe entre AMLO/Morena y el INE. Pero no debemos de confundir las preocupaciones del gobierno con el INE como fraude electoral. El hecho de que el gobierno no confíe en la neutralidad de Córdova o las decisiones recientes del INE o del Tribunal Electoral, o que considere muy costoso el sistema electoral mexicano, no implica fraude electoral. Sin embargo, de que si puede poner en jaque la confianza popular del INE, esto sí puede ser un problema. Pero tal vez, la cuestión más preocupante es al revés: ¿deberíamos de preocuparnos sobre la actitud y decisiones anti-AMLO/Morena del INE, la conducta de la OEA en las elecciones de Bolivia, y el ejemplo de Trump en las elecciones del 6 de junio? Por supuesto, es natural que nos preocupemos en mayor medida y denunciemos la corrupción que nos hace daño. 

He tenido la oportunidad de observar elecciones en México en 2000 y 2018, y puesto que Fox y luego AMLO derrotaron al PRI, puedo constatar que a nadie le importó las irregularidades y el fraude electoral. En otras palabras, no es tanto que nos preparemos para el fraude, sino prepárense por la polémica del fraude: a las impresiones y no tanto las pruebas, a las batallas mediáticas y las narrativas falsas.  

*Dr. Stephen D. Morris

Investigador y Coordinador del Laboratorio de la Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, y Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.

Integridad Ciudadana

Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.