Mucho se ha escrito ya sobre la inclusión del principio de paridad en nuestra Constitución. Es momento de analizar los resultados, al menos, los que derivan de los cómputos y de las determinaciones de las autoridades electorales administrativas que los dan como válidos y, por lo tanto, hacen entrega de las constancias de mayoría a los ganadores. Durante estos días, el consejo general de cada Organismo Público Local Electoral realizará, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley aplicable, la distribución de los diputados por el principio de representación proporcional, con esta asignación conoceremos la composición integral del poder legislativo federal y de las entidades federativas en las que hubo elección.
El principio de paridad rindió buenas cuentas en este proceso electoral. En todas las entidades federativas en las que hubo elecciones locales y en la Cámara de Diputados, se logró un avance en las curules ocupadas por mujeres de entre un 40% a un 49 por ciento. La Cámara de Diputados pasó de un 37.2% a casi el 42 por ciento. Ocho entidades federativas consiguieron la paridad en las diputaciones por el principio de mayoría relativa a nivel federal: Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas. Además, en dos entidades federativas, San Luis Potosí y Tlaxcala, se superó la paridad derivado de los triunfos obtenidos por mujeres. Es importante destacar que en más de cuarenta casos, las candidatas recuperaron para sus partidos distritos que habían perdido en la última elección.
A nivel local, en el entendido que algunos resultados fueron impugnados, la tendencia es la misma, la presencia de mujeres aumentó en los Congresos Locales y, en aquellos casos en los que no se logró la paridad, las autoridades electorales administrativas en una decisión sin precedente que tiene como fundamento la ampliación y protección de los derechos humanos, han aumentado el porcentaje en sus congresos con la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a mujeres.
Un tema de la mayor relevancia tiene que ver con los medios de comunicación. En un estudio presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos al Grupo de trabajo de Género, Igualdad y Democracia del Instituto Nacional Electoral respecto al monitoreo de medios, se detectó que los medios de comunicación dan mucho menor cobertura a las campañas de las mujeres que a las de hombres y, además con mayores cargas negativas. La inequidad en el tratamiento mediático es otro de los temas que tienen que abordarse con la finalidad de generar condiciones adecuadas para las contiendas electorales.
Derivado del análisis de los resultados es claro que la paridad en la integración de las listas a los cargos de elección popular es un avance, sin duda, pero no se traduce en la integración paritaria de los órganos de representación popular. La paridad en la integración debe estar presente en la Constitución y leyes federales y en las de las entidades federativas. Es el siguiente paso que debe darse y, junto con éste, prever las reformas necesarias para la integración paritaria de los organismos constitucionales autónomos, del Poder Judicial, de los integrantes del gabinete presidencial y de los del poder ejecutivo en las entidades federativas. Especial atención debe tenerse en este año en dos temas clave: El primero, la reforma a la legislación de las trece entidades federativas que tendrán elecciones el año que entra, con la finalidad de que incorporen a su legislación el principio de paridad en sus dos dimensiones, vertical y horizontal; y el segundo, la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este año culminan su encargo dos ministros, un hombre y una mujer. Lo mínimo que podemos esperar como sociedad es que, el cargo que deja vacante una mujer, sea ocupado por otra mujer. La integración actual de la Corte dista mucho de ser un ejemplo respecto a la equidad de género, por no hablar ya de la paridad. Al respecto surgen de inmediato diversas preguntas ¿Por qué el máximo Tribunal del país no se integra por más mujeres? ¿Por qué no exigir la presentación de dos ternas integradas por mujeres? ¿Por qué no reclamar que, con estas dos mujeres, la Corte se integre por 3 de once ministros que la conforman? ¿Por qué el discurso de los partidos políticos respecto a la paridad no se ve materializado en las propuestas que hacen ni en la integración de diversos órganos del Estado? La atención de la ciudadanía debe centrarse en esta integración y en qué tanto el titular del Poder Ejecutivo como los legisladores deben cumplir y aplicar la regla de paridad que se incorporó al texto constitucional en el 2014.
La paridad llegó para quedarse, no hay marcha atrás. Es cierto, debemos lograr un cambio cultural que acompañe las reformas legales y constitucionales en este tema. Estos cambios toman mucho más tiempo y requieren de una mayor profundidad para que logren apuntalar las medidas que se toman para igualar de facto las oportunidades entre hombres y mujeres. Mientras tanto, deben cuidarse otros frentes en los que las mujeres pueden sufrir discriminación o violencia política como cuando no se les otorgan los recursos necesarios para sus campañas favoreciendo las de los hombres; el bloqueo constante una vez que asumen un cargo: no convocándolas a reuniones, separándolas de la integración de comisiones, haciéndolas parecer como conflictivas cuando impugnan determinaciones que violentan sus derechos, dándoles menos espacios en los medios de comunicación, entre otras.
El balance es positivo en cuanto al avance de mujeres en la integración de los órganos de representación popular, sin embargo, queda mucho por hacer para lograr la equidad en los espacios de decisión pública. Como sociedad, los mexicanos estamos desperdiciando la mayor parte de los recursos humanos con los que contamos si no incorporamos a las mujeres a estos espacios.