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La memoria es presente y futuro

Los mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia • Joel Salas

Por
Escrito en OPINIÓN el

Guerra en el paraíso

— ¿Te compró ataúdes el Ejército ayer?...

— ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué buscas?...

— Busco varios soldados muertos en Atoyac…

— ¿Para qué buscas muertos, Valente, habiendo tantos vivos?...

— De verdad necesito que me ayudes. ¿Mandaste ataúdes a la Zona Militar, sí o no, hermano?...

— ¿Por qué no molestas a tu chingada madre a esta hora, cabrón negro? He vendido ya varias remesas en las últimas semanas. La última fue ayer.

— ¿Cuántos?

— Doce, hermano.

— Necesito ver una factura. O tener una copia.

— Aquí la tienes.

— Voy por ella.

— Ahora mismo, hermano.

Este pasaje de la novela Guerra en el paraíso de Carlos Montemayor es el preámbulo que permite a una comunidad descubrir las desapariciones porque ¡una funeraria de la localidad se queda sin féretros! Ante un hecho violento, no hay documento menor pues una factura permitió probar las desapariciones y dio pauta para denunciar los asesinatos. Han transcurrido más de cinco décadas y las huellas de la Guerra Sucia (protagonista de la novela de Carlos Montemayor) continúan vigentes en la memoria colectiva de nuestro México. Prueba de ello es que esta semana en el pleno del INAI resolvimos el recurso de revisión RRA 1410/18 en el que se instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar las versiones públicas de los expedientes personales de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes dirigieron operaciones durante la Guerra Sucia en Guerrero. Aún en 2018, los mexicanos indagan sobre lo que pasó en esas décadas y se esfuerzan por hallar en la información pública indicios que ayuden a construir la verdad histórica y jurídica. Autoridades y sociedad han realizado esfuerzos por develar dicha verdad, pero aún no ha sido alcanzada; consecuentemente, la justicia y la reparación aún están pendientes en algunos casos, si no es que en la mayoría.

Guerra Sucia

En el 2000, la Fiscalía General proveyó evidencia para que Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueran acusados de haber participado o autorizado violaciones graves a derechos humanos durante la Guerra Sucia en Guerrero y de tener posibles vínculos con el narcotráfico, específicamente de brindar protección al Cártel de Juárez. Ambos fueron detenidos y, en 2002, se convirtieron en los primeros militares de alto rango relacionados con la Guerra Sucia enjuiciados por un Consejo de Guerra. Fueron condenados exclusivamente por sus vínculos con el narcotráfico, Acosta a 15 años de prisión y Quirós a 16. Sin embargo, en 2005 un tribunal federal revocó las sentencias y ordenó reponer los juicios por fallas de procedimiento y falta de testigos. En 2006, Quirós Hermosillo murió de cáncer y Acosta Chaparro interpuso un amparo contra su proceso penal, el cual ganó en junio de 2007, recobrando todas sus libertades y su grado militar. Fue asesinado en 2012.

A la par que las investigaciones oficiales, organismos públicos y actores sociales defensores de derechos humanos han realizado sus propias pesquisas. En 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial y una recomendación, la 26/2001, referente a casos de desaparición forzada durante la denominada Guerra Sucia. En ella se acreditaron 532 casos de desaparecidos, 332 ocurridos en Guerrero, de los cuales tomó conocimiento la hoy extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Más tarde, en 2012, una ley local estableció la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, cuyo Informe final reportó la integración de 512 casos entregados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas — aunque pudieron ser más de mil 500—, incluyó una propuesta de reparación de daños e hizo una reconstrucción histórica de casos hurgando en el Archivo General de la Nación y con trabajo de campo. Al 2018, la mayor parte de los casos permanecen impunes.

Si bien el proyecto del recurso de revisión que comento no vincula la información contenida en los expedientes personales de los militares con violaciones graves a derechos humanos, vale la pena poner en contexto la información requerida y la situación de los derechos humanos en nuestro país. Sin duda, el contexto político actual es distinto al de ese periodo de nuestra historia.

Acceso a la Información

Durante la Guerra Sucia, el Estado tomó medidas de represión militar y política contra sectores de la población que consideraba peligrosos. Ya no existe una estrategia para neutralizar fuerzas políticas que buscan sustituir al gobierno, pero las violaciones graves a los derechos humanos continúan. La prensa reportó que de 2006 a 2017 la SEDENA recibió 10,917 quejas por violaciones a derechos humanos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH. Según The Washington Office on Latin America (WOLA), entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares; sin embargo, solo hay registro de 16 sentencias condenatorias. Ningún hecho violento sucede sin dejar huella. Las heridas del pasado permanecen abiertas, mientras otras se suman a ellas. De ahí la necesidad de comprender los casos de las violaciones graves a los derechos humanos durante la Guerra Sucia y la responsabilidad de las autoridades del Estado en ellas.

Los mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia para, primero, verificar que se hagan las reparaciones necesarias a las víctimas y sus allegados; segundo, para exigir que se tomen las medidas necesarias que eviten su repetición; tercero, para construir y preservar colectivamente la memoria histórica del país como una forma simbólica de sanar las heridas del pasado. Pero no se trata solo de la memoria y el pasado.

El ejercicio del derecho de acceso a la información puede evitar que se selle la memoria de aquellos eventos que acontecen en el presente y nos dará la posibilidad de vislumbrar el futuro que deseamos para nuestro país: un futuro sin violaciones graves a los derechos humanos. La memoria es presente y futuro.

Combatir la corrupción... sin empezar desde cero

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.

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