De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hasta la primera quincena del mes de diciembre de 2020, se han llevado a cabo 874 eventos con el objetivo de legitimar contratos colectivos de trabajo, donde 101 mil 66 trabajadores se consultaron y se legitimaron 279 contratos colectivos de trabajo de un total de 80 mil contratos depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cantidad que representa el 0.34%.
De los 279 contratos colectivos de trabajo legitimados en su mayoría cubren a trabajadores dedicados a la manufactura (ramo automotriz), maquila, producción de alimentos y prestación de servicios, firmados con empresas nacionales y extranjeras.
Empresas como CEMEX, Soriana, Ti Group Automotive Systems, Distribuidora y Manufacturera del Valle de México (Coca-Cola), Ford Motor Co, Bimbo, Procter and Gamble, Kimberly-Clark de México, Cementos Portland Moctezuma, Barcel, Ricolino, AAM Maquiladora México, Mabe, Walmart, Gamesa, Lala, entre otras.
Sospechas de simulación
Agrupaciones sindicales norteamericanas como la United Steelworkers han acusado que las prontas legitimaciones hacen sospechar de una posible simulación ya que, según éstas, el proceso no es claro. Aducen la ausencia de un compromiso real de la autoridad laboral mexicana para seguir de cerca el proceso. La duda se incrementa por el hecho de que los sindicatos de grandes empresas realizaran el proceso de manera apresurada y a pesar de las deficiencias en el mismo, éste les favoreció.
Líderes sindicales norteamericanos han señalado tener reportes de empleados que dicen no haber estado debidamente informados del proceso; que sólo les dijeron que debían votar o el contrato se quedaría como está y hasta perderían prestaciones.
Curiosamente en el listado de legitimaciones que publica la STPS se encuentra fechado el primer evento el 7 de marzo de 2019, casi dos meses antes de que se publicara el decreto de la reforma laboral. Listado en el que se señalan un total de 132 eventos por realizarse durante todo el mes de diciembre, enero y hasta el 19 de febrero de 2021.
Cambios en el Protocolo
Recientemente se ha anunciado cambios en el Protocolo de Legitimación de Contratos Colectivos y ha empezado a circular un proyecto que otorga mayores facultades a la STPS, para que de ser necesario se anulen estos procesos.
La tendencia de los cambios busca fortalecer los derechos de los trabajadores sobre el aparato sindical que es el encargado de legitimar los contratos colectivos. Sin embargo, para lograr ese objetivo la STPS se otorga funciones que le no corresponden a una autoridad administrativa como recibir y valorar pruebas que aporten los trabajadores.
“Si de los datos que arroje el formulario de verificación emitido por la autoridad laboral, la fe de hechos emitida por el notario público o las inconformidades que presenten uno o varios trabajadores sobre el procedimiento de legitimación, se acredita la ocurrencia de irregularidades de carácter sustantivo que sean determinantes para el desarrollo de la consulta o para el resultado de la votación en el evento en que ocurran, la STPS declarará nulo el procedimiento; en este caso, el sindicato promovente podrá realizar nuevamente la consulta”.
El documento aún no publicado establece que “…la inconformidad deberá acompañarse de la mayor cantidad de pruebas que la soporten.” Además, señala:
“De no anexarse pruebas, la descripción de los hechos controvertidos deberá ser respaldada por al menos dos testigos, (¿?) anexando copia simple de su identificación oficial y su firma autógrafa”.
¿Es posible que una autoridad administrativa le dé valor a las pruebas sin darle vista a la parte afectada para que pueda ofrecer pruebas en contrario? ¿Aún sin tener pruebas los denunciantes, basta que dos testigos manifiesten de posibles irregularidades sin que el sindicato los pueda cuestionar en el momento de su presentación? ¿Éstas son funciones de una autoridad administrativa o de un juzgado? Son preguntas.
En el ámbito sindical los más interesados en que no se legitime un contrato colectivo son los propios patrones. Ellos pueden presentar, a través de un trabajador empleado suyo, dos testigos a modo y echar abajo todo el proceso de legitimación, aprovechando la afectación de la garantía de audiencia del Sindicato.
Se pretende incluso que en caso de que la solicitud no contenga la información requerida, la STPS podrá solicitar al trabajador “…subsane la deficiencia dentro del plazo de tres días hábiles”. Facultades que sólo se otorgan a los jueces laborales y no a las autoridades administrativas en la reforma laboral.
El único derecho que permite al Sindicato es hacer “manifestaciones” durante el proceso de la verificación de irregularidades, sin concebir expresamente el derecho a ofrecer pruebas de su parte. Permite, además, según el numeral 11-C que el empleador pueda también hacer manifestaciones respecto a la inconformidad analizada, lo que constituiría legitimar conflictos de interés.
El derecho de legitimar un contrato colectivo de trabajo es de las organizaciones sindicales y no puede ser anulado por una autoridad administrativa (STPS) que usurpe las funciones de un juez laboral, y que limita además las garantías de audiencia y de legalidad para las partes.
Es importante que los cambios en el Protocolo de legitimación se abran a la discusión de especialistas para lograr que el efecto no sea lo contrario que se busca, deslegitimar los contratos colectivos y dejar sin protección a los trabajadores.
De Otros Avatares
El destacado periodista Julio Hernández López (@julioastillero) se ha contagiado de covid-19, y desde los laboratorios y en sus largas esperas en el hospital para ser atendido (dónde no hubo lugar) siguió reporteando su estado de salud hasta regresar a casa de manera forzada. Su pluma (ahora digital) no descansa, a pesar del malestar de su escribiente. Desde este espacio le deseamos una pronta recuperación.