Además de todas las agravantes que dejaran los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de este 2017, por si fuera poco, debemos hacer énfasis en que nuestra sociedad manifiesta otras tantas preocupaciones. Una de ellas es la relativa a la inseguridad.
La percepción de inseguridad de la población de nuestro país, de 18 y más, se ubica en un 74.3 por ciento, es decir, alrededor de siete de cada diez ciudadanas y ciudadanos se sienten inseguros. Y esta percepción se basa en múltiples factores que fueron registrados, integrados y sistematizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. [1]
Entre los principales resultados de esta Encuesta se encuentra la tasa de incidencia delictiva, de donde el INEGI registra que por cada cien mil habitantes en 2016 fue de casi 40 mil (37,017), mayor que la estimada en 2015 (35,497). Estas cifras están estrechamente relacionadas con la estimación de 24.2 millones de víctimas que representan una tasa de prevalencia delictiva de 28.788 víctimas por cada cien mil habitantes en 2016.
Si analizamos la información por entidad federativa (2016) tenemos que los estados que tienen una mayor prevalencia delictiva son Baja California con un incremento de un 29.6% respecto de 2015; Chiapas, con un 18.8%; Campeche con un 16.9%; Sonora con un 12.4% y Baja California Sur y Chihuahua con un 12.1% respectivamente. En tanto, las entidades federativas que en la estimación registran una tendencia a la baja en el número de víctimas son Querétaro, Coahuila y Durango con -13.9%, -12.1% y -11.2% respectivamente. Los datos de cada una de las entidades federativas pueden consultarse aquí.
Al desagregar la información de la incidencia delictiva, observamos que en 2016 se cometieron más de 30 millones de delitos vinculados con más de 24 millones de víctimas, destacando el robo o asalto en la calle o en el transporte público (25.9%), seguido de la extorsión (24.2%), el fraude[2] (12.6%), robo total o parcial de vehículo (11.3%), amenazas verbales (7.8%), robo a casa habitación (6.8%), entre otros.
Otros datos que me gustaría resaltar de este extraordinario trabajo del INEGI, son los costos estimados a causa de los delitos. Así, el INEGI considera con base al ENVIPE que, en 2016, las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos representaron el 60.6% de los costos totales del delito. En este sentido, el costo total en 2016 a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó una cantidad de 229.1 mil millones de pesos, lo equivalente al 1.1% del Producto Interno Bruto, lo que el INEGI equipara a un promedio de 5.647 pesos por persona afectada.
Finalmente, en la ENVIPE encontramos los datos correspondientes a la “cifra negra”, es decir, a los delitos que se cometen pero que no son denunciados. En este sentido, en 2016 se denunció sólo el 9.7% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inicio la averiguación previa o carpeta de investigación, según corresponda, en un 65.2% de los casos. Esto representa que más del 93% de los delitos no fueron denunciados y, consecuentemente, no se inició investigación alguna por parte de la autoridad. Por tipo de delito, la extorsión, el secuestro y el fraude son los que encabezan la cifra negra (98.3%, 98% y 95.4%, respectivamente).
Ahora bien, si de por sí estos datos son lapidarios, el INEGI indica que, del total de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, en el 49% de los casos el resultado es nulo y en un 20.8% está en trámite.
Como podemos ver, estos datos son por demás preocupantes máxime cuando en cada elección registrada en nuestro país, en muchas campañas electorales y en los distintos planes de desarrollo tanto nacional, estatales, municipales y delegacionales, siempre son “tomados en cuenta” los índices de inseguridad para la generación de estrategias, acciones y hasta mediciones de buen gobierno que, al final, vemos de manera general que no se ha logrado abatir la inseguridad que prevalece en el país.
Justo estamos en el arranque del proceso electoral 2017-2018 y, sin duda alguna, una prueba de fuego para los políticos de todos colores será lo que oferten con relación al abatimiento de la inseguridad en las distintas regiones de nuestro país, toda vez que, además de las elecciones federales donde se renovará la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, también habrá elecciones locales en 30 entidades federativas.
Visto de otro modo, los partidos políticos y candidatos (incluidos los independientes), tienen la oportunidad de establecer una verdadera estrategia que, en caso de que obtengan el triunfo electoral, se generen un sinnúmero de acciones en beneficio de la población en materia de seguridad pública. La población está harta de la inacción, de la corrupción y de la forma de hacer “política” que, dicho sea de paso, qué lejos estamos de la concepción de política analizada por Giovanni Sartori.
Nos vemos en 168 horas.
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#OpiniónLSR | La población está harta de la corrupción y de la forma de hacer "política": @fdodiaznaranjo https://t.co/q1HEhXZmr9 pic.twitter.com/tagKsSRK9r— Opinión LSR (@OpinionLSR) 3 de octubre de 2017
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[1] El INEGI refiere al fraude a fraude bancario y fraude al consumidor.
[2] El INEGI señala que el objetivo de la ENVIPE es la de generar información tanto a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante el año 2016.