La impunidad es una especie de pesada ancla que está deteniendo el avance de México. Además de alimentar la criminalidad, la impunidad está generando cuantiosos costos económicos y sociales al país. Mediante una serie de investigaciones concretas, hemos buscado calcular algunos de estos costos de la impunidad. Hemos encontrado, por ejemplo, que México podría estar perdiendo más de medio punto del PIB anual (alrededor de 422 mil millones de pesos) como resultado de un aparato institucional profundamente ineficiente que, entre otras cosas, ni quiere ni puede sancionar los delitos. Hemos demostrado también que si nuestras instituciones de administración e impartición de justicia lograran disminuir los tremendos índices de impunidad (cercanos como es bien conocido al 98 por ciento de los casos), tendríamos menos delitos y menos violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, si los índices de impunidad en México hubiesen sido 10% menores durante el período 2007 a 2018, se habrían prevenido más de 20 mil desapariciones de personas (56 por ciento del total registrado); desapariciones que, a su vez, generaron costos por pérdida salarial de más de 10 mil millones de pesos. Por otro lado, atrocidades como el desplazamiento forzado afectan a miles de familias en México, causando severos problemas de salud física y emocional, ruptura de redes sociales y familiares, pérdida del patrimonio y el correspondiente colapso de la economía familiar y de los planes de desarrollo personal y familiar. Todo esto tiene efectos demoledores sobre el capital social y la economía comunitaria y regional, en el presente y a futuro. El tipo de pérdidas económicas vinculadas a la impunidad podrían costarle a México hasta cerca de 12 puntos del crecimiento del PIB hacia 2050. La impunidad no solamente está dañando profundamente la calidad de nuestra de por sí deficiente democracia; está drenando al país de cuantiosos recursos económicos y de un invaluable capital social. En este sentido, no es solo un ancla que nos detiene, sino incluso un lastre que nos arrastra hacia el fondo del mar.
*Alejandro Anaya es Profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Doctor en Gobierno y Maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es editor asociado del International Journal of Human Rights, miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y fundador del proyecto de elaboración de la base de datos “Recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos”.