Un buen día un gobernador priísta del norte del país envió a un sobrino con uno de los principales distribuidores de medicinas en el país. El joven enviado iba por un moche para asignación de contratos en la compra de medicamentos.
En un estado del sur un gobernador le planteó a un empresario novato que instalara farmacias móviles para garantizar contratos. Al final no le dieron contratos y el empresario casi se va a la ruina.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva meses hablando del huachicoleo en la compra y distribución de medicinas del sector salud del gobierno. Hizo pública una lista de una decena de empresas que supuestamente se comían el pastel completo. Varias fueron vetadas y estigmatizadas por presunción de corrupción.
El reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente al primer semestre de 2018, detectó presuntas irregularidades en el uso de 4 mil 853.6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos que se otorgan a los estados para fortalecer la atención a personas sin seguridad social.
En particular, los reportes de la ASF suelen ser escandalosos en las cifras pero pobres en la recuperación de dinero público esquilmado. No se diga de funcionarios presos o que deban pagar multas. Las inhabilitaciones no les preocupan si tienen las bolsas llenas de dinero.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el FASSA “tiene como principal objetivo aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud”.
Las entidades con dificultades son Oaxaca, con mil 446.3 millones de pesos; seguido por Chiapas, con mil 68.1 millones. Jalisco, con 390.1 millones; después está Campeche, con 339.1 millones, y el Estado de México, con 338 millones de pesos.
Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora salieron limpios.
La ASF destacó que de los 4 mil 853.6 millones de pesos que se deben aclarar, 2 mil 155.8 millones corresponden a gastos que se hicieron, pero de los que no hay documentos que los justifiquen o comprueben. Los estados con este problema son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de Me´xico, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoaca´n, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucata´n y Zacatecas.
Estos casos aún tienen oportunidad de ser aclarados. Sin embargo, es quizá la punta del iceberg. La corrupción mata. Pero la corrupción en el sector de la salud es criminal. ¿Se va a atrever López Obrador a ir a fondo en este tema o nos quedaremos en el bonito espectáculo de los fuegos artificiales?
Punto y aparte. Aquí les contamos que el acuerdo entre Alejandro Moreno, mejor conocido como A(m)lito, es que el régimen de López Obrador no los aniquile. El periodista Carlos Loret reveló hace unos días que en la encerrona privada de gobernadores priístas con López Obrador les hizo una “inocente broma”: apoyen a Moreno. Ese arroz ya está cocido.
Punto final. Un año lo celebran en medio de nubarrones en el ámbito económico, crisis en seguridad y en salud.