El 2 de junio la Sala Regional de la CDMX del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) resolvió un juicio para la protección de los derechos político-electorales en favor del derecho a ser votado de las y los capitalinos residentes en el extranjero. El medio de impugnación fue presentado por integrantes de Fuerza Migrante, un movimiento binacional de empoderamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, en contra de un acuerdo del TECDMX (Tribunal Electoral de la Ciudad de México).
La Sala Regional de la CDMX, a través de un proyecto de sentencia elaborado por el Magistrado José Luis Ceballos Daza, consideró como inconstitucionales las modificaciones al código electoral de la CDMX por las que se había eliminado la figura del candidato migrante. La Sala ordenó la inaplicación de la reforma legislativa e instruyó al IECM (Instituto Electoral de la Ciudad de México) reactivar el procedimiento de la implementación de la candidatura migrante.
El IECM había ya avanzado en el tema. A través del CODIM (Comité Especializado en torno a la Figura de la Diputación Migrante), el IECM realizó un análisis del marco legal vigente en la materia, de las condiciones sociodemográficas de la población migrante capitalina en el extranjero, e hizo un estudio de los diferentes escenarios que pueden presentarse a efecto de lograr que la diputación migrante exista por primera vez en la CDMX en las elecciones a realizarse en el 2021.
El código electoral no regula con claridad el funcionamiento de esta figura y, además, se presentan muchos retos en torno a la forma en que debe implementarse. Por ejemplo, la normativa no define bajo qué principio se elegirá a la diputación migrante (principio de mayoría relativa o representación proporcional). Asimismo, un porcentaje reducido de ciudadanos que habitan fuera de la CDMX cuentan con credencial para votar, por lo que hace falta incentivarlos a iniciar, y continuar, el trámite correspondiente. Esto sin contar que muy pocos conocen su derecho a ser votado como diputado local en la CDMX. Para estos, y otros temas pendientes, el IECM deberá suscribir convenios y colaborar con autoridades que ya se vislumbran aliados esenciales: el INE (Instituto Nacional Electoral), el servicio exterior mexicano y asociaciones ciudadanas de mexicanos en el extranjero.
En lo que sí es claro el código electoral local es en que la autoridad que tendrá a su cargo la tarea de registrar las candidaturas migrantes y organizar los comicios es el IECM. Si bien es cierto que sería ideal que el congreso local reforme la legislación electoral a efecto de subsanar las omisiones y contradicciones que ya han sido detectadas, y que muchas de ellas están claramente delineadas en el informe final de actividades y resultados del Comité Especializado (CODIM), es improbable que eso suceda.
El IECM debe ejercer su facultad reglamentaria a efecto de garantizar el derecho de las y los capitalinos a ser votados en las elecciones legislativas del 2021, sin importar su lugar de residencia. Será un gran reto, pero el IECM cuenta con la capacidad para hacerlo. Además, se presenta la oportunidad de aprovechar el interés de la ciudadanía de involucrarse en la vida política de la CDMX, y obtener una mayor participación en los comicios. En las últimas elecciones votaron 21 mil 66 capitalinos residentes en el extranjero. Esta cifra representa 290% más que la registrada en las elecciones del 2006, y se estima que la participación incrementará en las elecciones del 2021. Así como aumenta el interés en votar, aumenta también el interés de nuestros paisanos en ser votados, y prueba de ello es el propio juicio impulsado por Fuerza Migrante.
Si bien es cierto no existe una cantidad exacta del número de migrantes capitalinos que residen fuera de México, se estima que, de acuerdo con cifras del Instituto de Mexicanos en el Exterior, existan alrededor de 589 mil 559 (es muy probable que esta cifra sea superior). La mayoría de estas personas viven en Estados Unidos de América y se enfrentan a una realidad muy particular. De acuerdo con el Center for Migration Studies, cerca de 5 millones de mexicanos que habitan en el país del norte no cuentan con permiso legal para residir o trabajar ahí. Es decir, alrededor de la mitad de la población mexicana residente en EUA vive ante una incertidumbre migratoria que se agudiza con la crisis económica ocasionada por el covid-19 y las políticas migratorias existentes.
Los problemas a los que se enfrenta la comunidad connacional en EUA hacen que se requiera una estrategia de capacitación electoral y educación cívica especial, focalizada en su propia realidad, y que tome en cuenta que los mexicanos en EUA representan más del 50% del voto migrante. En todo caso, lo que queda claro es que las autoridades electorales con jurisdicción en la CDMX han reconocido y protegen el derecho a ser votado de la ciudadanía originaria de la CDMX. Falta que el congreso local legisle en la materia, que el IECM lleve a cabo las acciones necesarias para difundir los derechos de nuestros paisanos y que éstos ejerzan su derecho.