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Justicia laboral pobre, es una pobre justicia

Se requiere un giro de política presupuestal para lograr la ansiada justicia social en materia laboral que en México aún no conocemos. | Manuel Fuentes

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Escrito en OPINIÓN el

En pleno proceso de la reforma laboral, el gobierno actual castiga los presupuestos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en una política gubernamental incomprensible que solo castiga a los trabajadores.

La política laboral en materia presupuestal del actual gobierno ha sido la peor de todas, comparada con la aplicada por los gobiernos del PRI y del PAN. Reitero, esto es incomprensible. 

(Elaboración propia MFM)

De la gráfica anterior se observan que los presupuestos aportados de 2012 a 2018 se otorgó a la STPS un presupuesto promedio de 4 mil, 411 millones, 108 mil, 854 pesos, contra los otorgados en el actual gobierno de 2019, incluyendo lo presupuestado para 2022, lo cual representa un promedio de 3 mil 515 millones, 144 mil, 834 pesos, lo que equivale a una reducción del 20.31%.

Cabe aclarar que la gráfica anterior no incluye el presupuesto del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, porque no aplica para las políticas laborales de los trabajadores asalariados.

Este porcentaje de reducción del 20.31% aplicado por el actual gobierno representa una disminución de atención y seguimiento a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales, lo cual significa impunidad y violaciones constantes a los derechos de los trabajadores.

Por ejemplo, en la zona de San Quintín, Baja California en el que están laborando miles de trabajadores del campo, incluyendo a menores de edad, se tiene la presencia de únicamente dos inspectores de la STPS, los cuales carecen de vehículo y viáticos para recorrer los miles de kilómetros para llevar a cabo una vigilancia efectiva. Esa zona está infestada con sindicatos de protección, no se cuenta con contratos de trabajo por escrito, la seguridad social está reducida, así como los salarios y condiciones de trabajo son miserables.

Esta misma panorámica de crisis de vigilancia por la falta de apoyo a los inspectores y número suficiente de éstos se refleja en todo el país. Sin embargo, es necesario reconocer los esfuerzos de los inspectores de atender las variadas necesidades de la STPS en prolongadas jornadas de trabajo.

Esta política de castigo presupuestal se ha materializado también en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tiene un acumulado en promedio de 500 mil expedientes, personal jurídico insuficiente y reducido presupuesto para operar las audiencias, notificar, atender amparos y elaborar laudos. La gráfica siguiente muestra la gravedad de la afectación a la justicia laboral.

(Elaboración propia MFM)

De la gráfica anterior, se desprenden los siguientes datos: de 2012 a 2018 el promedio presupuestal que recibió la JFCyA fue de 910 millones, 808 mil, 450 pesos contra los otorgados por el actual gobierno que alcanza 757 millones 510 mil, 476 pesos, lo que representa una disminución porcentual del 16.83%, en relación con los gobiernos anteriores. 

Esta reducción al presupuesto de la JFCyA del 16.83% se ha impuesto a pesar del incremento de juicios y la necesidad de que el paso de la reforma laboral que inició en mayo de 2019 se acelere. Esta reducción financiera representa una incongruencia en la política laboral que se aplica en esta importante oficina gubernamental.

El personal que labora en las oficinas de la Ciudad de México como en los 31 estados de la República sufre sobrecargas de trabajo desbordantes. El estrés y el desánimo es lo común no solo para quienes laboran allí, sino también para los trabajadores afectados, así como de los abogados que concurren allí. Las audiencias se programan ocho o diez meses después para realizarse en 2022 y hasta 2023, y se postergan una y otra vez por falta de notificaciones. 

Hay laudos que están en espera de elaborarse desde hace más de 3 años. Allí esperan una fila de expedientes amontonados en el piso y en el sótano del archivo revestidos de cargas de polvo y bacterias.

La inoperancia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se da en pleno gobierno del cambio, que en lo único que ha representado un cambio es de mayor retroceso.

Es común escuchar a los funcionarios gubernamentales hablar de la inauguración de juzgados laborales y centros de conciliación en todo el país, pero se olvidan de apoyar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo grave es que esta política de castigo se replica también en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del país, donde son las olvidadas en materia presupuestal.

Por otra parte, en la PROFEDET de los años de 2012 a 2018, que aplicaron los gobiernos anteriores al actual, se otorgó un presupuesto promedio de 201 millones, 396 mil, 193 pesos para esta institución defensora de trabajadores. En el actual gobierno se otorgó un promedio de 191 millones, 284 mil, 902 pesos, que representó una disminución porcentual del 5.02%, a pesar del aumento del número de juicios y reducido personal de defensores.

(Elaboración propia MFM)

La justicia laboral ha sido arrumbada por el actual gobierno como algo molesto, para dar presupuesto de apariencia, que solo es de ornato. 

Se olvida que quienes operan y recurren a las instancias de justicia son personas a las que les ha sido arrebatada la justicia y que solo reciben el abandono gubernamental. 

Se requiere un giro de política presupuestal para lograr la ansiada justicia social en materia laboral que en México aún no conocemos.