El periodista Alberto Barranco solía decir durante sus clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que los actos de censura provenientes del gobierno suelen tener efectos contrarios a los que pretende, pues en respuesta a su aparición se generan nuevas voces críticas y medios de difusión que ofrecen resistencia a los actos tendentes a limitar la libertad de expresión. Es como intentar contener un caudal de aguas procelosas con las manos, decía.
Barranco ponía como ejemplo el golpe al Excélsior de Julio Scherer García, en 1976, que derivó en la aparición de la revista Proceso y de los diarios La Jornada y Unomásuno.
Sin embargo, en los tiempos actuales, los métodos diseñados desde el aparato gubernamental para imponer su agenda y su “visión” de la realidad, están guiados por un complejo andamiaje estratégico y logístico que tiene en la aparición diaria del presidente de la República —en su papel de vocero único— el eje sobre el cual giran —aunque parezca paradójico— la opacidad, la manipulación informativa, la generación de datos sin soporte documental alguno y, lo que es más peligroso, su intento de censura, a través de la emisión de juicios descalificatorios respecto del trabajo del Poder Judicial, del de los órganos de autonomía constitucional y del de los medios de difusión que no responden a la lógica perversa de validar sin previa verificación sus dichos y que —por el contrario— exhiben la falsedad de los datos que presenta y exponen la corrupción de sus funcionarios.
Y no hablemos del repertorio de calificativos que tiene para con la prensa crítica que, aunque gusta a sus seguidores, reduce la estatura del jefe del Estado mexicano a la de un provocador de barriada.
Al presidente de la República —que se dice de izquierda— le molesta que la revista Proceso, surgida del golpe orquestado por Luis Echeverría contra Excélsior, exhiba al empresario Ricardo Salinas Pliego, vinculado al caso Pemex-Fertinal y entonces sale en defensa de éste; o que Arelí Quintero y Carlos Loret de Mola hayan dado a conocer la riqueza de Manuel Bartlett Díaz, no declarada ante Función Pública.
Es de imaginarse entonces, el tamaño de la molestia que debe generarle la crítica de alguien forjado en la ética de la convicción y la militancia de izquierda; sobreviviente de la matanza estudiantil de 1968, participante en la creación del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y ex editorialista de La Jornada.
No ha de caer nada bien en Palacio Nacional leer las afirmaciones de Joel Ortega Juárez, en el sentido de que “la ley garrote es otra estafa política del presidente Andrés Manuel López Obrador”, según señaló acertadamente en su colaboración del 3 de agosto para Milenio Diario o que califique de “demagogia de izquierda” al gobierno del tabasqueño, según su última colaboración para ese medio, el 14 de septiembre.
Por eso no sorprenden las miríadas de bots intentando descalificar en redes sociales a Ortega Juárez, mientras dio a conocer su salida del periódico que dirige Alfredo Campos, tras casi 20 años. “Es una decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay que darle vueltas”.
Y aunque el presidente reitere que en su gobierno “no habrá censura”, es evidente el ataque a las voces críticas que “no se portan bien” y que no hacen un periodismo militante a sus causas, como él abiertamente lo ha pedido. Antes que Joel Ortega, Roger Bartra fue el primero en sufrir este discreto ataque a la libertad de expresión, que sus seguidores acríticos hacen como que no ven.
Dijo Joel Ortega en un video difundido a través de Facebook: “Asumo que combatir, criticar y luchar contra un modelo social como es el capitalismo, contra su estado y sus gobiernos tiene precio”. Con esto, deja en claro que el gobierno de López Obrador está bastante lejos de ser un gobierno de izquierda, el cual se afana en censurar a los críticos cuya legitimidad proviene de su esfuerzo y de años de trabajo desde la izquierda, en defensa de las libertades.