Se trata de crear un marco de protección en el ciberespacio de la libertad de expresión, entendida en su dimensión individual y colectiva. | Areli Cano Guadiana
La libertad de expresión, entendida como la posibilidad de las personas de externar sus ideas sobre cualquier asunto sin ser molestadas a causa de ello, de indagar información producida por terceros y difundirla por cualquier medio a su alcance, en ausencia de limitación alguna; es una prerrogativa fundamental que se ha desplegado de manera exponencial en los últimos 70 años. Desde su reconocimiento en 1948 por la comunidad internacional (que recién acababa de salir de la experiencia atroz del totalitarismo), como una aspiración individual y colectiva plasmada dentro la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hasta la actualidad, donde las sociedades del orbe están interconectadas a través de Internet, espacio virtual que potencia significativamente la comunicación humana.
Así, la libertad de expresión encuentra en el ciberespacio un medio propicio para involucrar a cantidades ingentes de individuos en el debate de la agenda pública, con lo que se puede ver robustecida la vida democrática, el mejoramiento del gobierno y la vigencia de los derechos. No obstante, el desdoblamiento de la capacidad de las personas y los colectivos de manifestar lo que piensan en la también llamada red de redes, ha detonado la tentación autoritaria de restringirla y controlarla desde el poder a través de la prohibición del uso de Internet, la censura y el bloqueo de páginas web, bajo criterios discrecionales y arbitrarios.
Regulación de los contenidos de internet
Recientemente, David Kaye, Relator Especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, publicó su informe, en donde expresa su preocupación por las amenazas a la libre circulación de las ideas en línea, propiciadas por diferentes gobiernos en el mundo. Tales circunstancias, además de detonar la elaboración del informe, han puesto sobre la mesa la cuestión relativa a si los Estados deben regular los contenidos que se publican a través del Internet, hasta qué grado y con qué parámetros.
Para nutrir al debate abierto por el representante de Naciones Unidas, cabe referir al trabajo realizado por Reporteros Sin Fronteras en los últimos años, consistente en documentar acciones promovidas por las autoridades gubernamentales tendientes a censurar lo que se publica en el espacio virtual. Entre los casos expuestos por este organismo civil internacional, tanto en su informe “Censura y vigilancia de periodistas” como en su sitio web, se encuentra el protagonizado por las autoridades de Turquía, que solicitaron a Twitter bloquear el acceso a alrededor de veinte cuentas de periodistas y medios informativos por la divulgación de aspectos relacionados con el conflicto político e intentona golpista suscitados en ese país a mediados de 2016; así como el escenario en China, donde existe una regulación que impone como sanción el encarcelamiento por compartir o comentar en redes sobre temas políticos y sociales que pueden ser interpretados por las autoridades como subversivos, conflictivos o difamatorios.
Otra arista de la intervención en el uso de Internet, como vía para limitar la libertad de expresión, tiene que ver con los contenidos que se publican y la responsabilidad legal de las empresas de plataformas digitales sobre ellos, aspecto que también es abordado en el informe del relator de Naciones Unidas. En el reporte se refiere a Alemania, cuyo marco jurídico impone a los consorcios la obligación de eliminar contenidos incompatibles con lo establecido en leyes específicas, para lo que se prevén plazos breves y sanciones fuertes por incumplimiento. Igualmente está el caso de Kenya, cuya normativa establece que las plataformas digitales deben cerrar las cuentas que sean usadas para la difusión de contenido político “indeseable” en un plazo de 24 horas en tiempos electorales.
Si bien los anteriores ejemplos pueden tener justificación, derivada de la obligación del Estado de preservar el bien común, también es cierto que, si las normas y su aplicación no se establecen con la puntualidad y exactitud debidas, se corre el riesgo de que se cometan excesos en el celo de su cumplimiento, que lleven a censurar elementos informativos lícitos y útiles socialmente, en un marco que puede llegar a ser arbitrario, parcial y sesgado.
Bajo tal esquema, se debe considerar también a la vigilancia efectuada por los aparatos de poder, sobre actores que ejercen la libertad de expresión como parte de su labor cotidiana, como activistas, defensores de derechos humanos y comunicadores. El uso de programas de espionaje, mediante la intervención de las comunicaciones a través del ciberespacio, para monitorear las actividades de integrantes de los medios informativos, debe ser un elemento de preocupación de la población, porque inhibe la labor periodística y, por ende, restringe de manera ilegítima la libertad de expresión.
El reto que tiene la sociedad contemporánea es alcanzar un equilibrio en el uso de Internet, que tenga en el centro de su configuración normativa a las personas y a sus derechos, sin que se omita la legítima acción del Estado de mantener la seguridad e integridad nacional y el interés general. Se trata de crear un marco de protección de la libertad de expresión, entendida en su dimensión individual y colectiva, en tanto que permite a las personas emitir sus ideas, al tiempo que posibilita a la sociedad recibir información plural. De tal manera, se estará abonando a la construcción de una ciudadanía mejor informada y con mayor capacidad para intervenir en la toma de decisiones, apta para participar en la transformación democrática de nuestro régimen político.