Si una persona o una institución pretende resolver algún problema, el primer paso será entender frente a qué tipo de fenómeno está. Esta premisa vale para la delincuencia que crece y se expande en el país, pero la premisa parece ser ignorada por las autoridades.
En mayo pasado el gobierno federal reconoció la existencia de 37 cárteles, sin embargo de acuerdo con un reciente estudio de la organización International Crisis Group, se informa que entre 2009 y 2019 identificaron la actuación de 467 grupos criminales operando en México.
Este trabajo reconoce la dificultad que existe para identificar a los grupos criminales resultado de la “guerra contra las drogas”, pues una de las consecuencias de esta guerra fue la fragmentación de los grandes cárteles, donde permanecen algunos de éstos y han aparecido una significativa cantidad de grupos que disputan territorios y pequeñas fracciones de la economía criminal.
Entre las preguntas que animan este documento están algunas como estas. Cómo la “guerra contra las drogas” ha fracturado el crimen organizado; cómo, a su vez, este fenómeno está relacionado con la mayor intensidad de la violencia; o cómo el gobierno podría ajustar sus políticas para enfrentar grupos criminales de distintos tamaños y estructuras.
Este esfuerzo de documentación y análisis explica la metodología seguida para identificar a los 467 grupos criminales y también presenta cómo los va relacionado con los territorios de actuación. Son también claros al señalar los límites que aún enfrenta la mejora del análisis.
El reporte enfatiza que estos datos pueden ayudar a explicar la dinámica de la violencia criminal y la formación de grupos en México, y los desafíos que enfrentan las estrategias de resolución de conflictos a nivel regional y nacional.
La reiteración de la estrategia de seguridad durante los últimos cinco gobiernos es evidencia que éstos poco se han esforzado por estudiar y entender la dinámica de transformación de la delincuencia. Desde 1996 se ha recurrido a las Fuerzas Armadas para que realicen labores de seguridad pública y la realidad es que hasta la fecha la seguridad para la ciudadanía es una quimera.
Incluso el actual gobierno reitera la misma estrategia, pues el acuerdo del presidente López Obrador del pasado 11 de mayo así lo muestra. Las Fuerzas Armadas estarán en labores de seguridad de forma irrestricta hasta marzo de 2024 y olvida, en los hechos, la profesionalización de las policías locales e ignora la urgente necesidad de transformar a las procuradurías o fiscalías en instituciones eficaces para investigar delitos.
Si no crece la inteligencia y el conocimiento de la delincuencia, se seguirá haciendo lo mismo y los ciudadanos seguiremos recibiendo resultados cada vez peores.