Si algo puede uno reclamar a un interlocutor es un mínimo de consistencia en sus opiniones y los fundamentos que tenga para adoptar determinadas posiciones. De no existir eso, uno tendría que someterse a la ambigüedad y a un juego de ocultamiento de razones y adopción casuística de reglas al gusto de la contraparte. Pero hoy día quienes ejercen legítimamente el derecho a gobernar parecieran caer, una vez más, en graves incongruencias para sustentar sus decisiones relativas a la vacunación contra el SARS-Cov-2 que impiden un entendimiento claro con la sociedad.
Sobre desacatos
No vale la pena intentar un recuento de los momentos en que no ha habido coherencia en las argumentaciones ni entre el decir y el hacer gubernamental en torno a la pandemia. Lo que sí pareciera pertinente es remarcar los desencuentros que se presentan en este momento, en el que pudiéramos estarnos retrotrayendo al escenario del desacato que motivo un desafuero temporal, lo que dadas las actuales circunstancias se antoja legal y prácticamente inviable, pero que no por ello deja de ser cuestionable. Si una autoridad judicial decide otorgar de manera definitiva un amparo y hacerlo extensible a toda la población, que obliga al Ejecutivo a proporcionar la vacunación requerida por menores de edad, no es potestad del gobernante cuestionar la decisión de un poder que existe en otras razones para contener los excesos que pudieran cometer otros poderes: la orden debe acatarse, aunque se continúe litigando y se busque revertir la decisión. Pero no es así.
Sobre consistencias
El Ejecutivo pretende fundamentar esta desobediencia en la ausencia de un consejo médico por subalternos que afirme la pertinencia de vacunar a menores y en la carencia de una convención internacional para llevar adelante esta acción, aunque en muchas otras naciones ya se esté llevando a cabo esta medida preventiva y existe una multiplicidad de estudios científicos que advierten de su conveniencia.
Al margen de lo cuestionable que resulta buscar disponer del consejo y consentimiento de quienes son subordinados y del tratamiento cual si fuera propiedad de los servidores públicos de las vacunas, no es entendible que se pretenda someter la decisión de acatar el mandato judicial a un sustento que no se ha tenido para seleccionar, negociar y adquirir las vacunas que se han aplicado, pues es de recordarse que algunos de los biológicos no han sido autorizados en ningún momento por el organismo internacional cuyas resoluciones se pretendería que guiaran la toma de decisiones en materia de a quién vacunar. El desplante autoritario que se vio contra los académicos, a quienes cuestionó por no afrontar riesgos indebidos, se extiende ahora a los infantes. Total: son vidas humanas solamente.