La impunidad es una realidad sumamente extendida por el país, pero quienes más se benefician de la misma son las personas y grupos que tiene poder económico y/o político.
De acuerdo con Naciones Unidas por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.
La impunidad tiene muchísimos ejemplos en el país y uno, ahora muy presente, es el de Genaro García Luna, a raíz de la entrevista realizada a la señora Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, por el periodista Jesús Esquivel.
En dicha entrevista la exembajadora refiere que “teníamos información y escuchamos rumores [de García Luna] que en su mayoría no fueron confirmados…”, y también señala que la información provenía de altos funcionarios mexicanos.
La entrevista reaviva las acusaciones sobre la vinculación de quien fue secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón, con los cárteles del narcotráfico, específicamente con el de Sinaloa.
Actualmente García Luna enfrenta un juicio por narcotráfico en una corte federal en Nueva York y las acusaciones provienen de testimonios de narcotraficantes y un largo trabajo de inteligencia. Parte de la información que sustenta la acusación se conoció durante el desarrollo del juicio en contra del Chapo Guzmán.
En México las acusaciones que existen contra García Luna provienen de diversos trabajos periodísticos, que evidentemente no son investigaciones penales. La pregunta entonces es ¿por qué en México la impunidad sigue beneficiando al señor García Luna?
Una de las razones es lo que podríamos llamar impunidad sistémica. En palabras de la Doctora Ana Laura Magaloni: La Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica de que ninguno de sus miembros, salvo que el Ejecutivo lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de éstos. Con ello, la corrupción estaba blindada… (https://bit.ly/35BrPpX).
Apenas el año pasado la PGR pasó a ser una Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo, sin embargo la institución no se ha reorganizado para cambiar su ADN de origen, por esa razón a García Luna se le juzga en Estados Unidos mientras goza de impunidad aquí.
De hecho la FGR sigue asegurando impunidad para muchos empresarios y políticos corruptos, por ejemplo el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 160 denuncias por lavado de dinero y sólo un caso pudo ser llevado ante un juez por la FGR.
Si el entramado institucional construido para asegurar impunidad no se transforma, todo seguirá siendo igual.