Digámoslo claro, es difícil creer que hay una política integral de transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en la lista oficial del Pleno nos encontramos con información como la siguiente:
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD promovidas por el Partido de la RevoluciónDemocrática, Diputados Integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas y Partido Movimiento Regeneración Nacional, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estadode Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 6 de junio de 2015, mediante decreto 383.[1]
En efecto ¿cuáles son esas diversas disposiciones de la Ley Electoral de Zacatecas de las que se demanda su invalidez? ¿Cómo podría obtener esta información un periodista que quiera darle seguimiento a la actividad del Pleno de la SCJN?
A lo que se enfrentan las personas que quieren seguir las discusiones de la SCJN es a la falta de información clara que les permitiera entender qué se va a discutir en el Pleno. Me explico: salvo que alguien que trabaje en la Corte nos proporcione el desglose de temas que se van a discutir o que alguno de los interesados (en el caso citado los diputados zacatecanos) nos explique qué es lo que se impugna, es materialmente imposible saber qué son esas diversas disposiciones. No existe información alguna en la página de la Corte que nos indique qué se va a discutir. De tal suerte, periodistas y analistas tendrán que ver la sesión en vivo por el Canal Judicial e intentar descifrar qué es lo que se discute.
Esto supone que no se está lo suficientemente preparado para observar la sesión y que la información que se reproduzca en los medios de comunicación nacional puede ser imprecisa, confusa o completamente errónea. Todo esto depende de la capacidad técnica y del interés que tenga quien reporta por comunicar el trabajo de la SCJN. Si a esto agregamos que es común que la página de la SCJN “se caiga” lo que tenemos es un déficit preocupante de información sustantiva para observar y deliberar sobre los asuntos que discute nuestro tribunal constitucional.
Se nos preguntará quizá ¿por qué periodistas deberían poder relatar las discusiones de la SCJN? A lo que quizá se agregará que precisamente porque se trata de temas de una dificultad técnica elevada, nadie que no estuviera lo suficientemente preparado debería poder reportar lo que se discute en el máximo tribunal de nuestra nación. Me parece que la respuesta es que asuntos como el que citamos son de interés público ¿no deberían los ciudadanos (especialmente los zacatecanos) estar enterados de que se han declarado inválidas diversas disposiciones de su ley electoral? ¿No deberíamos poder entender todas y todos qué alcances tienen las resoluciones de la Corte sobre Matrimonio Igualitario?
¿No son de interés público las resoluciones de la Corte respecto al arraigo o la desaparición forzada? ¿No son los medios de comunicación el instrumento idóneo para conocer el trabajo que hace la Corte? ¿No necesita México de un periodismo judicial más consistente?
Saber cómo interpreta la SCJN los derechos contenidos en nuestra Constitución, o cómo interpreta la división de Poderes, o cómo sanciona los desacatos de sentencias son conocimientos que le dan certeza a la ciudadanía y que pueden coadyuvar a fortalecer la confianza en la administración de justicia, lo cual –vale la pena recordar- es un elemento fundamental para la construcción de un Estado Constitucional.
No es poco común encontrarse en la calle con expresiones como “la Corte sólo sirve para liberar criminales” o “la Corte ha usado los derechos humanos para no castigar a los delincuentes” o “Todos los jueces son corruptos, están para servir a los políticos”. Todas estas son expresiones que se han alimentado por una suerte de “amarillismo judicial” que consiste en tratar los temas judiciales como si se tratara de “notas rojas”, es decir, donde el énfasis está en un hecho delictivo y no en el proceso judicial. Sin que con ello pretenda quitar la responsabilidad a los medios que publican ese tipo de notas, me parece que la forma en la que se presenta la información en la Corte no ha ayudado a poder contrarrestar ese tipo de notas en los medios de comunicación.
Decía Paolo Grossi –juez de la Corte Constitucional Italiana- que el ciudadano de la calle suele tener una terca desconfianza en el derecho (y de sus operadores, poder judicial incluido). En el caso mexicano ¿podríamos culpar al ciudadano de esa desconfianza? Pongamos un ejemplo: si el ciudadano mexicano no tiene información suficiente para saber qué es el debido proceso y porqué su defensa es un asunto de interés público ¿cómo podría éste deliberar de forma razonable sobre la interpretación que hace la Corte de este derecho?
¿Cómo podría valorar la importancia de que se respete este derecho frente a linchamientos públicos? Nos falta cultura jurídica, nos falta conocimiento sobre el poder judicial y nos faltan mejores políticas públicas que favorezcan la Justicia Abierta. Se habla mucho de la necesidad de mejorar la confianza en las instituciones, pero poco de la necesidad de una propuesta educativa que busque acercar el derecho a los ciudadanos. Sin eso, la terca desconfianza en el derecho, puede convertirse (tarde o temprano) en desprecio absoluto por la justicia y en sistemática reiteración de la venganza.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.
[1] Lista Oficial del Plano de la SCJN del día 31 de agosto de 2015: PDF - Lista Oficial 31/08/15 . Énfasis añadido.