Las cifras dadas a conocer estos días por el INEGI (31,174 homicidios durante el 2017, según datos preliminares) confirman el incremento de la violencia homicida en el país. Esta tendencia mantiene un crecimiento ininterrumpido durante los últimos años y confirma el fracaso de las políticas de seguridad y anticrimen.
La tasa de homicidios es de 25 por cada 100 mil habitantes, presentando un incremento del 26.9 por ciento con relación al 2016. Siete de cada uno de estos asesinatos se realizó con arma de fuego.
Los estados con las tasas de homicidios más altas son: Colima, con 113 muertes por cada 100 mil habitantes; Baja California Sur, con 91; Guerrero, 71; Baja California, 60; Chihuahua, 59; y Sinaloa, con 53.
Violencia
Esta gravísima situación da cuenta del horror de la violencia, la falta de Estado de Derecho y la impunidad de los delincuentes. El Estado mexicano ha sido incapaz de brindar seguridad y protección a la población. Y el cáncer de la violencia se ha extendido prácticamente a toda la República.
Los grupos delictivos dominan regiones enteras, se conducen con cinismo por amplias franjas territoriales, han sometido a comunidades y desplazado forzadamente a habitantes de otras. Estas organizaciones delictivas se dan el lujo de difundir videos donde muestran su poderío criminal.
Frente a ello cabe la pregunta: ¿Por qué no se les desarticula y se pone un freno a sus conductas crimínales? ¿Tienen mayor fortaleza que el mismo Estado? Gran parte de las respuestas se encuentran en el contubernio entre autoridades y delincuentes (la peor de las corruptelas que puede haber) y en el financiamiento de la política electoral por grupos de la delincuencia.
Si bien es cierto que muchos de estos grupos mafiosos recurren a la amenaza, al asesinato para cerrar el paso electoral a quien consideran ajeno o contrario a sus intereses, y ello trae como consecuencia que muchos prefieran pactar con ellos o simplemente no entrarle al tema de la seguridad, está situación anómala y perversa no puede ser parte de la normalidad del país.
Delincuencia
Hasta ahora, el acento y las primeras líneas que han esbozado los futuros funcionarios de seguridad del equipo de López Obrador sólo se han centrado en el tema de la pacificación y la apertura del debate sobre legalización de algunas drogas o modalidades de las mismas.
Desde luego que estos dos aspectos se tienen que analizar y modificar (y son positivos, aunque insuficientes), pero también se deben asumir acciones para fortalecer y limpiar a las corporaciones policiales, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta para recuperar el control territorial y parar la impunidad y los homicidios.
De esto nada se ha dicho hasta ahora. A los delincuentes no se les enfrenta con llamados de paz ni con ofertas de perdón sino con la fuerza pública, con inteligencia y con la ley en la mano. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno al respecto?
También es preciso que se tomen acciones y se coloque en la agenda bilateral con Estados Unidos el tema del escandaloso tráfico de armas.
Inseguridad
Las cifras son contundentes siete de cada diez homicidios se realizan con armas de fuego. ¿Cómo van a enfrentar y cerrar el paso al flujo de armas que tantas muertes y violencia, trae al país? ¿Por qué en la agenda legislativa que presentó el partido ganador no se incluye como delito grave a la portación de armas de uso prohibido?
La inseguridad proviene en mayor medida de la corrupción y para ello se requieren respuestas urgentes y contundentes, para que se frene el baño de sangre y no siga la impunidad.
Estaremos atentos del resto de la estrategia del nuevo gobierno o si sólo se quedan en propuestas de pacificación y legalización de las drogas, mientras los criminales siguen asesinando a sangre fría.