Con sus propios códigos, con señales ambiguas, el reducido club de los grandes capitales mexicanos ha reanudado la difusión de rumores sobre su malestar ante la política económica de la administración Peña Nieto, y en particular en torno al desempeño de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El actual gobierno dio inicio con una reforma fiscal que levantó protestas claras en sectores como Coparmex y CCE, los dos organismos patronales más importantes. Entonces se alegaba falta de interlocución. Ahora los argumentos son más duros: la economía va a un tobogán y este equipo, se dice, ya no pudo.
¿Habrá alguien entre los líderes empresariales –en realidad, ninguno de ellos es un capitán de grandes empresas, pero sí voceros de sólidos intereses- con el temple para pedir en público la cabeza de Videgaray, como lo hacen ya en privado, en juntas de trabajo y en cafés matutinos?
Videgaray arrancó su encargo en Hacienda con un bloqueo absoluto hacia la comunicación con representantes del empresariado. Un barón del gremio aseguraba a finales de 2014 que el funcionario no había tomado ni regresado una decena de llamadas suyas con las que buscaba tener una audiencia para abogar en contra de ajustes fiscales que en su opinión lesionaban al sector. Sin amilanarse, este personaje insistió, hasta que una tarde su celular sonó y según su testimonio, escuchó la voz de Videgaray del otro lado: “Hola, se que me estás buscando, se para qué, pero no le veo sentido reunirnos por ahora. Buenas tardes”, y su interlocutor cortó.
El inicio de 2015 marcó un cambio en la estrategia de Videgaray en cuanto a su actividad pública: invitó a dirigentes de cámaras privadas a reunirse con él en sus oficinas de Palacio Nacional o incluso en Los Pinos. Se comprometió a participar en sus asambleas nacionales, en las cuales empezó a figurar regularmente.
En esos encuentros, Videgaray recogió críticas contra medidas fiscales, como los gravámenes a prestaciones y la no deducibilidad inmediata de inversiones. Ofreció ajustes. Banqueros, industriales y otros líderes de este ámbito dieron por sentado que habría un cambio de rumbo en Hacienda.
El presupuesto 2016 hizo efectivamente ajustes, pero pocos y según algunas voces, tardíos. Luego han venido los sacudimientos por el desplome en el precio del petróleo, el alza en el valor del dólar, recortes sucesivos en el gasto público y por último, un ascenso paulatino pero incesante en la inflación. No hay reunión de empresarios ni comida en los restaurantes de postín en donde no se vean rostros agrios ni charlas ácidas sobre el grupo de Hacienda.
La duda hoy radica en si este generación de gurús empresariales tendrá la capacidad política e ideológica, y la legitimidad social para pedir un cambio de rumbo en la economía.
La historia reciente del país registra momentos de tensión –pocos pero duros, incluso ruidosos- entre el sector empresarial y el gobierno federal, aun en las épocas en las que existía el régimen semi-autoritario que llevó a Mario Vargas Llosa a describir a México como una “dictadura perfecta”, pues el gobierno no requería actos de represión brutal –que las hubo, pero aislados- como los practicados por las dictaduras militares sudamericanas en las década de los 60, 70 y bien entrados los 80.
“¿Hacia dónde, Señor Presidente?”, gritaba un desplegado periodístico a mitad de los años 60, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, al que los empresarios recriminaban acciones de política económica que consideraban ambiguas, lo que había que traducir como de corte progresista.
No hubo nunca pronunciamientos del sector privado en ese periodo para deplorar abusos contra médicos, maestros y campesinos, que abundaron. Y mucho menos en el siguiente gobierno, con Gustavo Díaz Ordaz al frente ante la represión contra las protestas estudiantiles de 1968. Antes al contrario, hubo aplausos.
Con Luis Echeverría -1970-1976- se vivió una crisis con el sector empresarial de Monterrey, a raíz del asesinato de patriarca empresarial de la región, Eugenio Garza Sada. El tono de los discursos subió a niveles nunca vistos. Los empresarios llegaron a impulsar la creación de un cuarto sector dentro del PRI. Enviado por Echeverría, un entonces muy joven Porfirio Muñoz Ledo tuvo reuniones confidenciales con algunos de estos patrones, a los que les preguntó directamente si querían diputaciones o gubernaturas. “No –le respondieron-, lo que queremos es el poder…”.
El golpe de timón empresarial con tal orientación se dio en el último año de José López Portillo -1976-1982-, a raíz de la estatización de la banca. Como lo ha documentando en un libro la analista Soledad Loaeza, la herramienta para la protesta de los privados fue el Partido Acción Nacional, tomado por asalto por las cúpulas empresariales de cada región, desplazando a dirigentes de formación católica para poner en sus lugares a empresarios activistas y carismáticos, como fue el destacado caso de Manuel J. Clouthier, lanzado a la candidatura presidencial en 1988.
La historia de las pugnas entre el poder económico y el poder político –y su cruce de intereses en años recientes- excede el propósito de este texto. Pero vale consignar los antecedentes, a vuelo de pájaro y así sea para subrayar el contraste entre aquella clase empresarial, conservadora, con carga ideológica, aguerrida, y los actuales liderazgos del sector, acomodados y ávidos de negocios personales.
En este clima, el señor Luis Videgaray puede dormir tranquilo. Para bien o mal del país, lo más probable es que el sector privado murmure, pero calle. Ya lo veremos todos.