La agenda de seguridad de gobierno de Enrique Peña Nieto constituye en sí misma toda una paradoja.
Su estrategia se ha enfocado en atacar temas estructurales pero sin llegar jamás al fondo de los mismos, priorizando la atención de temas coyunturales sin sacudir los lastres que siguen minando la aplicación de cualquier forma de combate a la delincuencia.
Con Peña Nieto se ha logrado un avance notable –aunque cuestionable en varios aspectos– en la modernización de las fuerzas armadas, sector desatendido por la clase política, manipulado por ésta para fines represivos, atrasado en equipo bélico, dividido en funcionamiento y estructura, opaco en rendición de cuentas y controles civiles, pero fundamental para apuntalar el compromiso peñista de garantizar la seguridad a todos los mexicanos.
Para apuntalar esta parte de su pensamiento y discurso político, el Presidente ha aprobado una variedad de mecanismos de financiamiento para que el Ejército, la Marina y la Policía Federal saquen adelante sus proyectos sin mayores problemas, sin recortarles un sólo peso a sus presupuestos.
En lo que va del sexenio peñista, la Sedena recibido más de 325 mil millones de pesos de presupuesto federal para consolidar sus programas y proyectos de inversión.
La Marina, más reducida en tamaño y alcance operativo, ha recibido en estos años más de 120 mil 500 millones de pesos en los distintos presupuestos que se le han aprobado para seguir operando y para mantener su ritmo de modernización.
Mientras Peña mantiene el discurso de la efectividad de su estrategia de combate al crimen, las cifras de asesinatos, secuestros, extorsiones y delitos del orden común se multiplican como resultado de un golpeo no calculado a la delincuencia organizada.
Las estructuras policiacas en todo el país continúan exhibiendo su atraso y limitaciones, los casos de brutalidad, violaciones a los derechos humanos y complicidad con las distintas formas delictivas existentes en el país sigue viento en popa.
Tamaulipas arde de nuevo. No ha dejado de hacerlo en realidad. Es el común denominador en el noreste y norte del país. Las plazas más importantes para los cárteles del narcotráfico siguen siendo noticia, por la reactivación de la violencia regional y por la ineficacia total de los gobiernos de todos los niveles para entender, atender y atacar este fenómeno.
En Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Colima, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Nayarit y Veracruz la situación poco o nada ha cambiado.
El dinero para la modernización militar y policial ha vuelto a fluir desde las arcas federales. Va a la Sedena y a la Marina y a la Policía Federal a través de compras programadas en mecanismos de arrendamiento financiero, contratando deuda y adquisiciones a largo plazo.
Fluye el dinero. Se deteriora la seguridad. Se empieza a diluir el sexenio.