El tema central de las elecciones en nuestro país es la equidad en las contiendas electorales. La Constitución y las leyes electorales establecen diversos mecanismos para garantizar este principio constitucional, por ejemplo, el financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes y el acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión. Uno de los temas más relevantes en esta materia es, sin lugar a dudas, la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos, coaliciones y candidaturas independientes durante los procesos electorales.
A partir de la reforma constitucional de 2014, es el Instituto Nacional Electoral el encargado de fiscalizar cada peso que ingresa y egresa de las arcas de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en todo el país. Además, los plazos legales para llevar a cabo las revisiones de los informes presentados por los sujetos obligados y la documentación soporte se han reducido de manera importante. La jornada electoral se realizó el pasado 4 de julio y menos de diez días después, la Comisión de Fiscalización del INE ha aprobado el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución respecto a la revisión de los ingresos y gastos de campaña. El siguiente paso consiste en que dichos documentos sean sometidos a la consideración del Consejo General del INE, que sucederá en sesión pública convocada para el día de hoy.
Derivado de la revisión llevada a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización, en los dictámenes se evidencia que todos los partidos políticos omitieron reportar gastos en los que incurrieron en las elecciones llevadas a cabo en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. En el primer caso, el INE detectó que en conjunto los partidos y candidaturas independientes omitieron reportar 651 millones de pesos; en Coahuila, la omisión en el registro de gastos fue de 66.5 millones de pesos y, en Nayarit, de 78 millones de pesos.
En virtud de estos faltantes en los informes de los partidos y candidaturas independientes, la autoridad fiscalizadora concluyó que en el caso de las elecciones de Coahuila y de Nayarit, se violentaron los topes de gastos de campaña para la gubernatura en ambas entidades. En Nayarit, el candidato ganador de la elección superó el tope de gastos en 1.6%. En Coahuila, los dos candidatos que quedaron en primero y segundo lugar, violentaron los topes de gastos en 31.1% y 26.6%, respectivamente.
La falta de reporte por parte de partidos, coaliciones y candidaturas independientes de los gastos que efectivamente realizaron es una falta sustancialmente grave. No solo impide la adecuada fiscalización de los recursos con los que cuentan sino que, de manera ilegal, se allegan de fuentes de financiamiento prohibidas por la ley para sufragar gastos fuera de la norma, con la intención de evadir el control y las sanciones de la autoridad. La labor de fiscalización del INE cobra mayor relevancia cuando con base en sus mecanismos, herramientas e informes que realiza de manera independiente a los de los sujetos obligados, detecta gastos millonarios de los que inicialmente se desconoce la forma en la que se financiaron.
El Consejo General del INE cuenta únicamente con la atribución de determinar si se violentaron los topes de gastos de campaña y el porcentaje. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad encargada de, en caso de que se actualice la causal de nulidad prevista en el artículo 41 de la Constitución relativa al rebase del tope de gastos de campaña en un 5%, determinar con los elementos que obren en el expediente la nulidad de la elección. Queda aún un largo camino por recorrer.
Las sanciones deben endurecerse para quienes omitan reportar ingresos y egresos, pero también para quienes violenten los topes de gastos de campaña. La imposibilidad de participar en una elección extraordinaria no sólo debe recaer para quien ganó una elección violentando el tope de gastos, también debe aplicarse a la o el candidato que quedó en segundo lugar cometiendo la misma falta. Además, ningún cargo de elección popular debe ser ocupado por quien infringió la norma para obtenerlo, sin importar que ya haya tomado posesión del cargo por el que contendió.
@C_Humphrey_J