Los crímenes de odio son un pendiente de la actual administración morenista, la cual se jacta de ser incluyente y de impulsar políticas públicas en el país a favor de las disidencias sexuales.
En lo referente a la seguridad, siguen sin crear alguna estrategia para atender una problemática que sigue colocando al estado de Veracruz entre los más violentos, para quienes son parte de la comunidad LGBTIQ+.
Lo anterior sin olvidar que está pendiente la iniciativa de reconocimiento de identidad sexogénerica, por la cual están obligados a legislar diputados locales, gracias a un litigio estratégico que fue impulsado contra las omisiones de la legislatura.
La iniciativa para crear el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación está congelada, de matrimonio igualitario, y de la inclusión laboral, ya ni hablamos.
Las últimas mesas de trabajo donde la Fiscalía General del Estado convocó a colectivos y organizaciones para atender los crímenes de odio fue hace casi 2 años y eso no por iniciativa propia, sino por exigencia de los colectivos.
Las cifras son nada alentadoras y parecería que las actuales autoridades no tienen interés en hacer sus
trabajo para ejecutar correctamente las investigaciones en las carpetas de investigación.
La actual fiscal Verónica Hernández Giadáns es una servidora pública ausente y muy alejada de la ciudadanía, pero a eso agregar que no hay resultados favorables desde que tomó el cargo en un muy peculiar enfrentamiento entre diputados y policías, que fueron portada de varios medios locales y nacionales.
Prometieron que serían mucho mejor que las administraciones que les antecedieron, pero ya logramos
comprobar que son un poco peor.
Es inaudito que desde 2018 que se aprobó la reforma del Código Penal del artículo 144 siga la Fiscalía sin aprobar un protocolo de actuación para aplicar correctamente las agravantes, sigan la FGE sin peritos especializados en temas de sexualidad integral y diversidad sexual; mientras, sigan estas deficiencias será casi imposible que puedan clasificar correctamente los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.
Mientras tanto los familiares de las víctimas siguen sin recibir justicia, carpetas acumuladas desde el año 2012 están en los escritorios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el cual se ha convertido en un gran elefante blanco.
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