El 24 de septiembre de 2020, Ana “N” acudió al Centro de Justicia para la Mujer en Azcapotzalco, a denunciar a quien fuera su pareja sentimental por cuatro años y medio y con quien procreó a una niña. La denuncia quedó asentada con el número CI-FIDVF/CJM-AZ/UI-3 S/D/00511/09/2020.
En su declaración ante la agente del Ministerio Público, Amada Serrano López, Ana señaló que el 24 de abril de 2020, Eduardo “N” la violentó sicológicamente, al grado de amenazarla con “matarla a putazos” y la intentó golpear con su niña en brazos, por lo que ella abandonó el hogar conyugal, para refugiarse en casa de sus padres.
Sin embargo, en el Ministerio Público no asentaron estos datos en su declaración porque “ya había pasado mucho tiempo”, y porque se tenía que “limitar a los últimos hechos”, es decir, los ocurridos el 23 de septiembre, ya que se trataba de una confrontación que había ocurrido al momento de que él visitó a la hija de ambos, lo que animó a Ana a promover, por fin, la denuncia ante el MP.
Días después, durante la ratificación de la denuncia, a Ana no se le permitió hacer ampliación alguna. “A mí me parece muy importante que quede asentado en el acta que el papá de mi hija ejercía violencia en mi contra. No es lo mismo que me grite “fea a que me amenace de muerte”, señaló Ana.
No le permitieron ampliarla porque no correspondía a “los últimos hechos”, a pesar de acudir en varias ocasiones y pedir que se anexaran pruebas como mensajes de audio y texto, donde explícitamente él expresa su deseo de hacerle daño y acepta que un año antes la golpeó “porque ella se lo buscó”. Fue hasta que Ana cambió de asesor jurídico por una abogada particular, que su teléfono fue puesto en cadena de custodia para la obtención de pruebas.
Por su parte, el imputado reconoce haber sostenido una relación de cuatro años con la querellante. Dicha relación se caracterizó por “diferencias marcadas”, pues dice de sí mismo que lleva un “estilo de vida austero”, mientras que ella “uno más consumista y caro”, con lo que pone énfasis en los aspectos económicos como fuente del conflicto.
Señala que en octubre de 2018 fue despedido de la empresa en la que laboraba, pero que a pesar de todo siguió aportando dinero y alimentos para su hija; sin embargo, precisa que la demanda de recursos económicos por parte de Ana aumentó “irracionalmente”.
Las conversaciones sostenidas entre ambos a través de una aplicación telefónica confirman las amenazas externadas por el imputado y que la “irracionalidad” de la demanda de recursos se reduce a las solicitudes de pago de alimentos y vestimenta para la menor.
El 17 de noviembre, la agente del Ministerio Público Serrano López autorizó medidas de protección para Ana, con vigencia de 60 días naturales. El dictamen sicológico victimal practicado a la querellante, por parte del perito en psicología, Carlos Eduardo Toribio Alcázar, se limita a concluir que “al momento de la valoración sicológica de Ana, no se detectaron indicadores de afectación psicoemocional sustentable, asociada a los hechos que denuncia”.
A partir de este punto, la querella de Ana “N” ante el Ministerio Público podría desestimarse, ya que para la autoridad ministerial pueden no haberse aportado elementos contundentes de la violencia ejercida por parte del imputado, además de desestimar la posibilidad de que éste actúe de manera violenta contra la denunciante en el futuro inmediato.
Sin importar las pruebas que se aportaron, ni que Ana ha cursado por un largo proceso sicológico y tratamiento siquiátrico desde el momento de la separación, la autoridad ministerial la ha revictimizando sin consideración alguna y sin tomar en cuenta su condición de mujer víctima de violencia.
Ana vive presa del miedo, al grado que ha tenido que llevar a su hija pequeña a pasar una temporada con sus abuelos en otro estado, pues no tiene quién la cuide mientras ella sigue con su proceso legal. Señaló que hubo muchas irregularidades por parte del Ministerio Público, como llamarla en domingo a las 22:30 horas para darle una cita, o las veces que el personal del MP le insistió que la culpa era suya por no presentar en seguida la denuncia, o de cómo la dejaron esperando durante horas para recibirla y decirle “la licenciada se tuvo que ir”, o que saliendo del peritaje sicológico se dio cuenta que habían citado a su agresor el mismo día, a la misma hora y tuvo que salir escoltada para evitar una confrontación.
Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige Rosa Icela Rodríguez, en 2020 se registraron 969 feminicidios en el ámbito nacional; la mayor cifra desde que comenzó a contabilizarse este delito en 2015.
La pandemia ha sido uno de los factores que ha detonado el incremento de delitos relacionados con la violencia intrafamiliar. A la fecha no existe ninguna estrategia del gobierno federal ni de los gobiernos locales para hacer frente a estos hechos. Por el contrario, existen elementos que permiten probar que en las agencias del Ministerio Público prevalece una política de inhibición hacia las denuncias que las víctimas pretenden formalizar por este tipo de delitos.