La prevalencia de “actos de corrupción” fue la excusa utilizada por Andrés Manuel López Obrador para quitar apoyos a las estancias infantiles que dependían de la extinta Secretaría de Desarrollo Social. A mediados de febrero de 2019, el jefe del Ejecutivo dijo que contaba con un millón y medio de pruebas de la “corrupción” que imperaba en éstas y que iba a presentarlas ante la Fiscalía General de la República.
Pero la Oficina de la Presidencia declaró no poseer evidencia documental que probara los señalamientos del presidente. La respuesta a la solicitud de información número 0210000044219 signada por Juan Carlos Guerrero Torres, director de Análisis Jurídico y de Gestión Documental, precisa que: “no existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del Titular del Ejecutivo Federal”, por lo que declaró su inexistencia.
La respuesta a la misma solicitud, dirigida a la Secretaría de Bienestar, con número de folio 0002000087119, tampoco proporcionó los “elementos probatorios de la corrupción existente en las estancias infantiles”.
El oficio de contestación, signado por María Eugenia López García, directora de Análisis e Información Institucional se limitó a citar “las causas que dan motivo a la baja de las Estancias Infantiles”, según las Reglas de Operación del Programa y anexó un listado de observaciones realizadas a éstas entre los años 2013 y 2018, las que no necesariamente se encuadran en hechos de corrupción, ni representan motivos de baja del padrón de beneficiarios; además de que dicho listado no especifica si dichas observaciones fueron solventadas o no.
Un caso extraído al azar del listado proporcionado por la Secretaría de Bienestar, de entre las 23 mil 709 acciones de incumplimiento en 2018, señala que la estancia denominada Pequeños Traviesos, ubicada en el barrio Nicatan, en Tonalá, Chiapas, fue observada por no cumplir con el precepto establecido en el apartado A.8.3. de las Reglas de Operación que exige: “Contar en todo momento con espacios, materiales y mobiliario limpios y ordenados, en buen estado de mantenimiento”, lo que en modo alguno constituye motivo de baja de la estancia, sino que se limita a exhibir una irregularidad detectada en una visita de supervisión, la que evidentemente no constituye un delito.
Tampoco existe una sola palabra sobre el tema, en los dos informes de labores que la Secretaría de la Función Pública ha realizado a la fecha; de tal suerte que el “millón y medio de actos de corrupción” supuestamente detectados en las estancias infantiles sólo existieron en la imaginación de López Obrador.
Con la eliminación de los fideicomisos ha ocurrido algo parecido. La semana pasada dijo el presidente: “¿Por qué vamos a desaparecer el Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de caja chica; bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando de que había una emergencia, sin licitar, miles de millones de pesos en catres, en láminas de zinc; en todo, a precios elevadísimos; hay gente que vivía de venderle a Gobernación, de venderle al Fonden; que hacían jugosos negocios”.
En su Primer Informe de Labores, la Secretaría de la Función Pública reconoce que realizó 24 auditorías financieras y de cumplimiento en áreas sensibles a la corrupción, entre las que destacan los fideicomisos públicos. Sin embargo, del total de auditorías realizadas en 2019 —que suman 151— ninguna corresponde al fideicomiso del Fonden, cuya operatividad corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de fideicomitente.
En dicho informe, Función Pública reconoce que el Comisariato de la Secretaría de Hacienda participó en una reunión con la organización de la sociedad civil denominada Fundar y que se comprometió a “informar a la ciudadanía de la opacidad con la que actuaban este tipo de fideicomisos en el pasado y cómo a partir de las reformas legales recientes se busca transparentar su funcionamiento e incluso extinguir aquellos que no resulten necesarios”.
No existe evidencia del seguimiento de los compromisos contraídos con Fundar, como tampoco del relativo a “diseñar e implementar una estrategia de transparencia proactiva, monitoreo y vigilancia ciudadana que fortalezca la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos operados a través de estos instrumentos para combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad”, según se estableció en el Segundo Informe de Labores de dicha dependencia del Ejecutivo. Por el contrario, sabemos ahora que serán extinguidos.
La única observación al Fonden, procedente del análisis de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2018 señala que “las partidas correspondientes a deudores diversos y acreedores diversos (no identificados) se incluyen en el flujo de efectivo, cuyo saldo es coincidente con la suma de los rubros de bancos e inversiones, partidas que se eliminan en el resumen para efectos de determinación de la disponibilidad del fideicomiso”.
El “combate a la corrupción” se convirtió en el discurso que permite justificar el acceso y disposición discrecional de recursos públicos que fueron destinados a la atención de temas vinculados a la protección de derechos humanos y que por lo tanto, quedan vulnerados.