Un tema de gran trascendencia en materia electoral resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana: la integración de la sala Superior del Poder Judicial de la Federación para los dos siguientes procesos presidenciales en México.
En el caso de la Corte, la decisión era previsible. La mayoría de los ministros que integran el pleno de la Corte votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que proponía la inconstitucionalidad de la extensión del periodo de duración del encargo de los magistrados electorales nombrados el año pasado, que aprobaron un grupo de senadores violentando la Constitución. Para la mayoría de ese Pleno los legisladores tienen carta abierta para violentar nuestra Constitución. La última barrera para salvaguardar el Estado de Derecho y que debiera ser nuestra Suprema Corte, se convirtió en aliada y cómplice del Senado y avaló la decisión basada en intereses personales y políticos que pasaba por alto texto constitucional que este mismo Senado había aprobado en 2014. Así de vergonzante el comportamiento de dos de los poderes del Estado. La complicidad basada en intereses políticos, cobro de favores y beneficios particulares triunfó una vez más en nuestro país. Los legisladores, primero hacen las reformas a la Constitución para, cuando ya no les acomodan, ser los primeros en violentarla.
La decisión que avaló la Corte fue tomada por un grupo de senadores a sabiendas que no tenía asidero jurídico y que violentaba flagrantemente nuestra Carta Magna. La razón es sencilla, prolongar en el encargo a magistrados a modo para que sean los guardianes y empleados de los políticos a los que les deben el cargo y puedan operar, conforme a sus instrucciones, particularmente en las elecciones de 2018 y de 2024. Así de evidentes, vulgares y vergonzantes son las causas de esa determinación. Esta es otra de las actuaciones de los partidos políticos y sus legisladores que minan la credibilidad de las autoridades electorales.
El daño está hecho. Desafortunadamente los ciudadanos confían cada vez menos en los organismos y tribunales electorales. La Corte podría haber echado por tierra la extensión de los periodos que estos mismos senadores habían constitucionalizado, salvaguardar el Estado de Derecho y fortalecer la institucionalidad electoral, todo con la sola votación a favor del proyecto que fue presentado a ese Pleno. Por el contrario, la Corte se vuelve comparsa de la violación de nuestra Constitución. La lectura es clara: la Corte con esta determinación avala la violación abierta de nuestra Constitución por los partidos políticos.
Desacreditar a las autoridades electorales no beneficia a nadie. Los partidos políticos parecen no entender que necesitamos autoridades electorales fuertes y en las que confíen los ciudadanos para que los resultados electorales sean incuestionables. La democracia y la paz social en nuestro país se ponen en riesgo con las actuaciones ilegales de los partidos políticos y de sus representantes en el Congreso de la Unión. Estos son los órganos electorales que estarán a cargo de las elecciones de 2018, las más complejas en nuestra historia. Los partidos políticos deben decidir desde este momento si ponen en peligro el proceso electoral del año que entra o siguen incidiendo con conductas ilegales en la actuación, integración y funcionamiento de los organismos electorales.
@C_Humphrey_J