En el último mes, las energías renovables han sido un tema de debate en diferentes espacios debido a la polaridad de opiniones existentes alrededor de ellas. Por un lado, hay quienes las descartan y las cuestionan, por múltiples factores como que en nuestro país están a concesión de empresas privadas, la mayoría de ellas extranjeras, o que, para la instalación de los insumos necesarios para su aprovechamiento, como los paneles solares o los molinos de viento, se han despojado de tierras a comunidades indígenas y campesinas. Por el otro, se les considera como una de las pocas posibilidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de combustibles fósiles como la gasolina y de la producción de energía eléctrica.
La polarización ha aumentado como resultado de la reciente publicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, consistente en la anulación de la anterior normatividad vigente en la materia y en preponderar que el suministro de energía debe estar en manos del Estado, incluido el proceso de transición energética que debe llevarse a cabo a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como lo establecen los Acuerdos de París, ya ratificados por México.
La querella se encuentra, en estos momentos, en los tribunales, donde se han emitido fallos a favor de quienes han cuestionado algunos aspectos de la nueva política energética, entre ellas, varias empresas, que exigen el respeto de los contratos firmados y asignados antes de la publicación de la política. Por otro lado, organizaciones civiles que demandan la corrección de las irregularidades surgidas en las concesiones y subastas anteriores y la inclusión de diferentes voces en este proceso de transición energética. Y la postura del gobierno, que ha ratificado en múltiples espacios la constitucionalidad de los cambios y la necesidad de que el sector energético sea regulado y administrado por el Estado.
La situación ha llamado la atención a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas ha considerado que los hechos generan incertidumbre y resalta la disminución de la inversión económica en la materia durante el último año.
Al respecto, en el marco del Foro El papel de las energías renovables en México, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, especialistas de diferentes organizaciones civiles y entidades universitarias y de investigación han externado su preocupación por la preponderancia de un modelo energético que al paso de los años ha comenzado a ser sustituido en muchos países del mundo para priorizar el uso de las energías denominadas como renovables, cuyas características son que provocan un menor impacto ambiental, sus fuentes son ilimitadas, pueden distribuirse de mejor manera, son de autoconsumo y permiten la autonomía energética.
Según datos compartidos por Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México, en el país, entre 1990 y 2016 se ha producido un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero, y en caso de continuar utilizando el mismo modelo energético, el incremento continuará, con efectos irreversibles sobre el planeta. Actualmente, añadió el especialista, sólo 6 por ciento de la energía utilizada en territorio nacional, produce cero carbono, el otro porcentaje, casi 90 por ciento, es energía derivada del uso de combustibles fósiles.
Karla Cedano, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, refirió que la situación que se vive actualmente a raíz de la pandemia de covid-19, ha mostrado la necesidad urgente de asegurar un suministro energético continuo y confiable, que permita la provisión de servicios esenciales como el acceso al agua, a los servicios de salud y al abastecimiento de alimentos.
Para la especialista, la trasformación energética de energías no renovables a energías limpias y confiables debe de ser uno de los mayores propiciadores de cambio social que impacte en los desarrollos sustentable, humano y ambiental.
Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la UNAM, señaló que uno de los más grandes problemas surgidos alrededor de las energías renovables es que en nuestro país se han introducido bajo una visión extractivista, tanto pública como privada, en la que se privilegia la explotación industrial de los recursos naturales y la no distribución de las ganancias.
Lo anterior, provocando situaciones como despojos de las tierras, la destrucción de los recursos naturales, la división de las comunidades, que los propietarios de las tierras no obtengan beneficios, y que se requieran grandes cantidades de superficie terrestre para implementar proyectos de energías también conocidas como limpias.
Para el investigador, esta transición de energía implica más aspectos que sólo cambiar las fuentes energéticas. Requiere de mejoras en el transporte público, en los patrones de consumo, en la producción de alimentos y en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana.
Para los especialistas, la transición energética tiene que llevarse a cabo y ser justa por lo que debe darse de forma transparente, participativa y respetar los derechos humanos individuales y colectivos, y no propiciarse mediante mecanismos de participación unilaterales.
Además de ser producto de una gestión colectiva y de una planeación territorial, en la que se reconozcan todas las formas de propiedad de la tierra, y ecológica, y ser implementada en escalas conforme a las necesidades de las comunidades, ser proyectos energéticos socialmente inclusivos y con dimensión social y perspectiva de género.
Por lo que debe contribuir a la reducción de la desigualdad y tender hacia la universalidad, en el sentido de que logren acceder a fuentes de energía segura y confiable quienes hasta el momento no lo han podido hacer debido a que habitan en lugares remotos y de difícil acceso.
Para contaminar menos se requiere consumir menos energía y aprovecharla de mejor manera a fin de contribuir a este proceso de descarbonización global, recalcaron los especialistas.
El derecho al goce de medio ambiente sano es relativamente reciente, con apenas 21 años de reconocimiento a nivel constitucional, a fin de que todas las personas puedan desarrollarse de manera plena en un medio ambiente adecuado. Las modificaciones en materia energética han sido consideradas como urgentes para evitar el aumento desmedido de la temperatura del planeta y que las condiciones de vida sean aún más complicadas, derivadas de una mayor escasez de agua, alimentos y recursos naturales.
El uso de energías renovables no debe estar condicionado a los intereses de empresas privadas que argumentan permitir a las personas seleccionar el tipo de energía que desean consumir y defienden una lógica de mercado, en la que sus métodos de obtención de energía no tienen un respaldo ético, dañando comunidades, ni debe centrarse en una política estatal que no permita el diálogo y desarrolle megaproyectos bajo la consigna de un bienestar que no necesariamente será accesible para todas las personas.
El año pasado, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia publicó un artículo sobre el vínculo existente la energía, la pobreza y la salud en el que concluyeron que las personas más afectadas por la inseguridad energética (imposibilidad de acceder a fuentes de energía para satisfacer las necesidades básicas) son aquellas que se enfrentan a otras dificultades como la discriminación, la desigualdad motivada por el género o por cuestiones socioeconómicas. Por lo tanto, esta urgente transición energética del país debe estar centrada en la garantía de los derechos y el otorgamiento de los beneficios para las personas. En caso contrario, no cumplirá su objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.