El pasado 18 de diciembre se llevó a cabo la 39 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública(CNSP), un encuentro entre el Ejecutivo Federal, los gobernadores de las 32 entidades federativas, los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, representantes del poder legislativo, organismos autónomos y representantes de la sociedad civil involucrados en materia. Este encuentro debería ser un ejercicio de rendición de cuentas, de propuestas de programas y planes frente a la delincuencia y la ilegalidad, así como de ideas y compromisos para fortalecer el Estado de Derecho y generar mejores condiciones de seguridad humana.
En contraste, quienes asistimos a dicha reunión o quienes la siguieron por otros medios, pudimos ver un nuevo ejercicio de autocomplacencia, donde las autoridades que tomaron la palabra una y otra vez insistieron en los avances alcanzados, así como en lo bien que estamos en materia de seguridad.Los mensajes de las autoridades enfatizaron e insistieron en la disminución de los delitos hasta el grado que nuestros funcionarios se atrevieron a pronunciar que ciertos ilícitos han sido completamente erradicados. A partir de ello, podríamos decir que a nuestros gobernantes pareciera convenirles el olvido y silencio de diversas circunstancias que claramente dan cuenta del deterioro de las condiciones en que vivimos, como las siguientes:
1. En los últimos seis meses, el homicidio doloso ha repuntado. Se ha interrumpido el comportamiento a la baja que inició desde antes de la entrada de la actual administración del gobierno federal.
2. Indudablemente los datos de incidencia delictiva y las condiciones generales de seguridad de Chihuahua y Nuevo León han mejorado. Al respecto, lo que no se debe olvidar es que Chihuahua continúa manteniendo índices inaceptables de homicidio, que la delincuencia organizada sigue controlando partes importantes del territorio local y que Nuevo León mantiene una tendencia al alza en extorsión y lo colocan como la tercera entidad con la mayor tasa de este delito.
3. Que las condiciones de incidencia delictiva, inseguridad y violencia en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Morelos y Sinaloa continúan siendo inaceptables.
4. Que entidades que eran ejemplos de éxito relativo como Baja California o el Distrito Federal, muestran un claro deterioro en las condiciones de seguridad e incidencia delictiva en los últimos meses.
5. Que la baja en los índices de delictivos no necesariamente significa una disminución en el número de delitos que sufrimos.
6. Que los ciudadanos hemos escuchado una y otra vez discursos yacuerdosconsensados frente a la problemática que no llegan a cristalizarse.Asimismo hemos visto cómo se han erogado sistemáticamente leyes que no se cumplen y que nadie tiene la intención de hacer respetar.
En resumen, una vez más vimos un ejercicio de simulaciones donde nadie hizo el esfuerzo por explicar las razones por las cualesse fugó El Chapo Guzmán; o por qué constantemente las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías y fiscalías estatales presentan inconsistencias o debilidades que permiten y promueven la impunidad; o por qué nadie explicó cómo es posible que sigamos esperando justicia en el icónico y mundialmente famoso caso de Iguala.
Es hora de repensar tanto el formato como el fin que realmente se persigue a través de este tipo de reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. De igual manera, es momento de exigir un ejercicio de rendición de cuentas, en el cual los invitados permanentes de la sociedad civil dejen de ser meros manifestantes de quejas u observaciones y se conviertan en verdaderas voces de ciudadanos afectados profundamente por la violencia, la delincuencia y las violaciones a derechos fundamentales.Es hora de promover un diálogo y romper con los monólogos; de generar programas, compromisos e indicadores de impacto. Es momentode que quienes detentan un cargo público, recuerden que lo hacen por voluntad propia con el fin de mejorar la vida de todos nosotros y que sus intereses personales de índole político o económico deben quedar relegados a segundo término.
Bajo ninguna circunstancia podemos continuar aceptando que los Consejos, Conferencias, acuerdos, convenios y tratados sean un mero cargo al erario público. Tenemos que trabajar para que estos realmente generen un beneficio para la sociedad. Quizás hay quienes piensan que esto es imposible, sin embargo, debemos tener presente que por más complejo que parezca, es imperativo que esto suceda pues no podemos esperar más. Las 17 mil 55 víctimas de homicidio, mil176 de secuestro y 4mil 875 de extorsión registradas durante los once meses que van del año, según los datos oficiales captados en averiguaciones previas, son la punta del iceberg de un problema que demuestra que requerimos urgentemente acceso a la justicia, reparación del daño, respeto y protección a los derechos humanos en miras del México que tanto anhelamos.