En lo que va de este gobierno ha sido manifiesta la incomodidad y hasta desprecio hacia el INE, las descalificaciones y ataques –muchos de ellos alentados desde la presidencia– han sido constantes así como los intentos por someterlo o cuando menos debilitarlo y, aunque las tensiones entre la autoridad electoral y los partidos políticos o gobiernos en turno han existido siempre, se habían mantenido dentro de ciertos límites que en las últimas semanas han sido claramente rebasados.
La aprobación de criterios en la asignación de diputaciones de representación proporcional para poner freno a la simulación de que militantes de un partido sean postulados por sus aliados y evitar con ello la sobrerrepresentación de más del 8% que establece la constitución, fue el primer detonante para que se recrudecieran los ataques e incluso amenazaran con iniciar juicio político particularmente contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a pesar que está decisión tuvo una amplía mayoría de 9 consejeras y consejeros y que ahora deberá de resolver el TEPJF.
Pero la cancelación de los registros como candidatos de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, y sobre todo de Salgado Macedonio a la de Guerrero por no presentar sus informes de precampaña, provocaron una escalada aún más preocupante. Quizá se pueda considerar que la sanción es excesiva, pero es la que marca la legislación electoral que en su momento fue aprobada por el Congreso. Para mayor claridad, el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala con toda precisión: “Si un precandidato incumple con la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato…” y, contrario a los argumentos de defensa esgrimidos por Morena, el Tribunal Electoral confirmó que ambos participaron en las precampañas de su partido y por tanto tenían la obligación de presentar dicho informe en los plazos previstos, lo que simplemente no hicieron.
Es decir, la falta está acreditada, la sanción es expresa y no contempla otros supuestos por ejemplo en caso de extemporaneidad o en función de los montos –como sí ocurre con otras infracciones en que se pueden imponer distintas sanciones de acuerdo a las circunstancias o gravedad–. Así pues, lo único que hizo el Consejo General del INE fue aplicar lo que mandata la norma, y la responsabilidad del incumplimiento y por tanto de la cancelación de los registros es de la dirigencia de Morena, su equipo jurídico y de los precandidatos que son quienes debieran rendir cuentas al interior de su partido.
Desde luego se vale no estar de acuerdo y es su derecho inconformarse, pero por los cauces institucionales y dentro de un marco de respeto como debiera ocurrir en un estado democrático de derecho. Pero en vez de ello, arremetieron contra el árbitro en un tono cada vez más ofensivo y violento. En su plantón al exterior del INE, Salgado Macedonio llegó al extremo de llevar un féretro con el nombre del consejero presidente, amenazó con ir a buscar a las y los consejeros que votaron a favor de la cancelación del registro, además de preguntar por el domicilio de Lorenzo Córdova y llamarlo “cabroncito”, y advirtió que si no es candidato no habrá elecciones en Guerrero y que el tiempo del INE está contado.
También el dirigente formal de Morena los llamó ladrones y declaró que se tiene que pensar seriamente en exterminar al INE. Cabe mencionar que, a pesar de la embestida permanente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 del INEGI, el Instituto Nacional Electoral mantiene un nivel de confianza superior al 59% entre la población mayor de 15 años, tan sólo por debajo del Ejército y la Marina. Sin embargo, la intención de eliminar al árbitro –sin importar las consecuencias para nuestro sistema democrático– es evidente, probablemente para crear un organismo ad hoc que responda a la voluntad presidencial, tal y como ocurrió por ejemplo con la CNDH. Me parece que José Woldenberg lo describió muy bien al decir que “quieren alinear a todas las instituciones del Estado, y si no pueden, por lo menos intentan ablandar a las cabezas de esas instituciones, y si no pueden, los más febriles empiezan a clamar por su desaparición”. No podemos permitir que eso suceda.