Las instituciones y procedimientos establecidos en Estados Unidos para la renovación de los poderes federales demostraron su solidez ante la acechanza que representó la estrategia de cuestionamiento de la limpieza de los comicios para elegir presidente de la Unión lanzado por el Ejecutivo en funciones, comportamiento de deslealtad a la democracia que nunca se había visto en aquel país. Pero si bien podrá darse un relevo en el mando federal sin resistencia práctica, la legitimidad del futuro gobernante y de su gobierno se ha visto socavada por las acusaciones infundadas e indemostradas de un fraude electoral. La tarea de la nueva administración será luego titánica: no sólo revertir muchas decisiones y políticas adoptadas por el gobierno saliente, sino contrarrestar las dudas sobre su legitimidad e intentar superar la polarización y la tendencia al conflicto que alimentó quien resultó finalmente perdedor en la contienda.
La legitimidad política
La legitimidad política apela a un sustrato subjetivo que compromete a los dos extremos de una relación. Desde la perspectiva de quienes deben obedecer, será legítimo un gobierno que accede al poder y lo ejerce cumpliendo determinados requisitos que creen que tiene que cumplir para mandar. Desde la perspectiva de quien manda, se concebirá como legítimo aquel gobierno que accede al poder y lo ejerce haciendo ver a los que obedece que cumple los requisitos para mandar. Esto es lo que lastimó al presidente que saldrá y lo que complica la labor del futuro Ejecutivo.
La vía legítima al poder
Las elecciones definen el derecho a acceder al poder e invariablemente el reconocimiento de la limpieza de unos comicios depende de que sus resultados coincidan con las preferencias políticas de los individuos. Teóricamente, son cuatro las condiciones que pudieran establecerse para separar las elecciones cuyos resultados son controvertidos de aquellas que no lo son: la inexistencia de riesgos de persecución y violencia hacia quienes no hayan resultado ganadores y el otorgamiento por el sistema de garantías efectivas para la participación equilibrada y sin obstáculos de los contendientes a futuro, lo que desde luego no estuvo nunca en cuestionamiento en Estados Unidos. Lo estrecho de la diferencia entre el resultado y los requerimientos establecidos para otorgar el triunfo en una elección, lo que realmente no ocurrió, aunque se intentó aparentar que sucedía. La disposición de mecanismos de información oportuna, continua, transparente y verificable sobre los resultados de las elecciones, lo que sólo pudo darse de manera parcial y menor a otras veces, debido a las condiciones impuestas por la pandemia y cuya ausencia permitió poner en entredicho la limpieza de los comicios y que un segmento poblacional descrea en el resultado. Y mantener autoridades electorales que puedan ser árbitros que ejerzan sus funciones con imparcialidad, al no representar los intereses de nadie ni estar en contra de alguna parte, lo que finalmente pasó, a pesar de los intentos por lastimar esta neutralidad desde quien terminó perdiendo estas elecciones.