¿Quién puede ejercer la fuerza pública? Según Weber el Estado es la fuente legítima del uso de la fuerza, pero para hacer uso de esta, el Estado debe ser legítimo ante los gobernados. Recientemente hemos visto en manifestaciones, marchas y bloqueos realizados por organizaciones sociales, estudiantiles y colectivos diversos, la inacción de la policía ante los destrozos, saqueos y actos de vandalismo cometidos por estos grupos, la justificación gubernamental es que “no se puede reprimir al pueblo”, y en los casos documentados de brutalidad policial, se anuncia la creación de “nuevos protocolos y leyes”, para evitar que en el futuro los policías sigan cometiendo abusos en contra de los ciudadanos.
Pero el problema va más allá de ausencia de Leyes o protocolos, actualmente México cuenta con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual tiene por objeto establecer las normas generales para que los integrantes de los cuerpos policíacos puedan hacer uso de la fuerza, entonces, ¿por qué la policía no usa los principios que establece la Ley? ¿por qué cuando hace uso de la fuerza se les acusa de golpeadores y abusar de la fuerza? La respuesta es evidente, la seguridad pública en México está politizada desde hace muchos años, se ha evitado que las policías en nuestro país estén capacitadas, sean profesionales y perciban un sueldo digno que les permita a los integrantes de estas instituciones, considerar la función policial un trabajo digno y estable a largo plazo, este “secuestro virtual” de la seguridad por los políticos ha permitido hacer uso de la policía con fines políticos, partidistas o incluso criminales, que mantienen casi a la totalidad de las policías en México sumidas en el atraso y la descomposición de sus integrantes.
Los grupos de anarquistas que marchan en la Ciudad de México le han tomado la medida al Gobierno y aceptaron la lógica oficial de la no represión, para cometer todo tipo de delitos en sus protestas dejando en total indefensión a los ciudadanos, comerciantes, empresarios e incluso a los reporteros de los medios de comunicación que cubren este tipo de eventos, ante las agresiones y robos que son objeto.
Los Códigos Penales del país son coincidentes en establecer que cuando se cometa un delito de resultado material (robos, destrucción de la propiedad, etc.) que una autoridad tuviera el deber jurídico de impedir que se cometiera, por ser garante del bien jurídico, será responsable del delito por omisión impropia o comisión por omisión, en el caso de los desmanes ocurridos recientemente, claramente la autoridad ha incumplido su obligación legal de hacer respetar la Ley y es cómplice de los delitos que se han cometido. Por esta razón el problema no es de más leyes o protocolos, estos ya existen, el problema radica en la aplicación irrestricta de la Ley, de aplicar la fuerza de forma gradual de acuerdo con el principio de proporcionalidad y absoluta necesidad, pero ¡aplicarla!
Foucault al conceptualizar al poder señalaba que el ejercicio de éste tiene consecuencias, implica una responsabilidad, quien aspire a gobernar tiene que estar dispuesto a asumir los costos políticos y las responsabilidades que deriven del monopolio del uso de la fuerza. Weber también consideraba que el Estado debe mantener a toda costa el control legítimo del uso de la fuerza, esto es relevante porque los ciudadanos cansados de que se vean afectados en sus bienes y propiedades pueden tomar la justicia por cuenta propia y defenderse. Hecho claramente legal al amparo de la legítima defensa, con ello el problema de la polarización y encono que estos actos generarían con los grupos de anarquistas, se maximiría volviendo a la violencia en círculo vicioso.
Tenemos que dar el incentivo correcto a los policías, que sepan qué castigo recibirán cuando incumplen con la ley, pero también, en qué casos no serán castigados por cumplir con su trabajo, aunque la opinión pública así lo demande.