Al tiempo que las autoridades sanitarias dieron a conocer un nuevo récord de contagios por covid-19 —24 mil 975 nuevos casos el jueves pasado—, el presidente de la República ha informado que las clases presenciales iniciarán el 30 de agosto así “llueva, truene o relampaguee”, que es como decir que no está dispuesto a entender ninguna razón que vaya en contra de su voluntarioso y visceral criterio.
Al menos dos derechos humanos se encuentran comprometidos en el dilema: el relativo a la educación —que demanda para su cumplimiento la presencia del alumnado en las escuelas— y la protección de la salud, que exige mantener el aislamiento de la niñez ante la nueva escalada de contagios, por más que el presidente de la República lo vea como un asunto de riesgos que deben ser asumidos por los gobernados y no como la obligación del Estado, de proteger la salud de todos los mexicanos, puesto que así lo establece la Constitución que juró “guardar y hacer guardar”.
En su afán por minimizar el efecto de la pandemia sobre la niñez, López Obrador volvió a decantarse por la crítica a los medios de comunicación, en lugar de exhibir y analizar las cifras emanadas de su propio gobierno, las cuales suman más de 63 mil niñas y niños contagiados desde febrero de 2020.
Frente a la complejidad del problema, las secretarías de Educación Pública y Salud pretenden corresponsabilizar a madres, padres o tutores en la estrategia de prevención, por más que la rectoría de las políticas de prevención de enfermedades recaiga en la institución que dirige Jorge Alcocer Varela.
Para ello, ambas dependencias dieron a conocer el contenido de una carta, que deberá ser firmada por los responsables familiares de las y los niños y de cuya lectura se desprende que dichas instituciones renuncian a su obligación de prevenir los contagios, pues se limitarán a administrar los casos que presenten síntomas, cuando la infección se haya manifestado en el entorno escolar.
Al parecer, de nada servirá la experiencia del regreso a clases en el estado de Campeche, entidad que sólo logró mantener por un mes en las aulas al alumnado, ya que el repunte los obligó a cerrar de nueva cuenta.
El propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha informado que la ocupación hospitalaria en cuatro estados del país es crítica y que —de continuar la tendencia— podría ocurrir un “colapso” del sistema de salud en Colima, Nayarit, Sinaloa y Guerrero.
Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) ha contabilizado más de mil 800 casos de Covid-19 en el grupo etario de cero a 19 años, lo que demuestra que la niñez y la adolescencia son igualmente susceptibles de contagiarse y que, desde luego, la apertura de las escuelas sin más estrategia que los consabidos hábitos de higiene, se parece más a una ruleta rusa que una estrategia de gobierno pensada para evitar el mayor número de contagios posible.
Contra la afectación psicoemocional de la niñez como consecuencia del forzado aislamiento por la pandemia, el gobierno de la República tampoco ha planteado ninguna estrategia de atención inmediata. En la lógica de López Obrador y su gobierno “se deben correr ciertos riesgos como todo en la vida”.
Total, que el interés superior de la niñez —precepto constitucional y convencional de observancia obligatoria, pensado por el legislador para garantizar los derechos de aquéllos, entre los que destacan la salud y la educación— puede —desde la lógica presidencial— ser transgredido y transmitido a la responsabilidad de padres o tutores, simplemente porque “los caminos de la vida” no son como los gobernados lo pensábamos, sino como los impone el titular del Ejecutivo.