La idea: El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla erradicar la corrupción en toda la administración pública, como uno de sus ejes estratégicos y con ello se espera que reduzca los índices delictivos. Ante un fenómeno tan extendido como es la corrupción, convendría que el Plan se enfocara a combatirla en las fuerzas de seguridad.
El Plan plantea el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno y para ello enumera 16 acciones. Habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, encargada del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.
Por lo pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio: la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3 declaraciones.
Otra, el prohibir las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución sea desaparecerlas porque hay razones válidas para tener ese mecanismo de contratación.
Sería mejor identificar cuáles excepciones a la licitación que prevé la Ley de Adquisiciones, son las que más usan las áreas de seguridad para auditar dichos casos y de ser necesario, acotarlas.
Por ejemplo, una excepción que se usa y se abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).
Otro aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y de la cual, en este sexenio que termina, se gastaron más de 65 mil millones de pesos. (Ver cifras)
La propuesta de centralizar las instancias de contraloría, tiene sus desventajas (Transformar a la SFP) y parece que no es la intención de la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval, aunque hace unos días apareció la noticia de que sí pensaban hacerlo.
Más allá de seguir revisando las medidas anticorrupción que contempla este Plan y que se refieren a competencias de la Secretaría de la Función Pública, convendría que dicho Plan se enfocara a la corrupción que afecta al tema de seguridad, distinguiendo dos tipos de fenómenos de corrupción:
Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude, peculado, nepotismo y otros fenómenos relacionados con el manejo de recursos de la institución.
Externa. Proviene del dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras de arte, etc., con que se soborna a las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los delincuentes (por complicidad).
Es importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser diferentes.
Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización, vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se hace en el resto de la administración pública. En este caso, le correspondería a la Secretaría de la Función Pública.
El combatir la corrupción que proviene directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Se requieren no solo investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.
Para la parte correctiva del fenómeno se cuenta ya con las áreas de asuntos internos en las instituciones de seguridad a las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el Plan.
Estas áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios de las instituciones vigiladas.
Otras medidas preventivas son la aplicación de controles de confianza al personal, el asegurarse de que se tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia que los disuadan de efectuar actos de corrupción, etc.
Para no dispersarse en aspectos de corrupción que no son del ámbito de la seguridad sería bueno enfocar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los delincuentes.