En cualquier lugar del mundo, 60 mil millones de pesos anuales representan un botín que puede desatar las más radicales ambiciones, la peor defensa criminal que una mente perversa sea capaz de imaginar. De tal dimensión, según datos oficiales, es el negocio del huachicol o tráfico ilegal de combustibles en el país. De ese tamaño puede ser el desafío que el presidente López Obrador pueda estar enfrentado en este momento.
La extensión del problema de escasez de gasolina, que empezó a manifestarse en la zona metropolitana de la ciudad de México, arroja la hipótesis de acciones concertadas por intereses afectados por el programa gubernamental para detener al huachicol. Grupos con el suficiente poder para engarzar a trabajadores petroleros, comunidades en diversas regiones y los recursos del crimen organizado para “jugar a las vencidas” con el gobierno de López Obrador, si se quiere utilizar la misma frase que él empleó en el arranque de esta semana.
De ser este el panorama real, el político tabasqueño debe alejarse de la apuesta de maquillar la crisis y, en cambio, señalar directamente, con nombre y apellido, a los líderes sindicales, directivos de Pemex, funcionarios estatales y municipales que se hallan implicados en esta orgía de saqueo. También, a los grupos empresariales, algunos de ellos de gran prestigio, que por años han alimentado sus flotillas de vehículos con gasolinas robadas.
Retrasar una decisión que explique la dimensión de la crisis minará la capacidad de convocatoria del gobierno ante una comunidad nacional que hoy respaldaría una política de firmeza, pero que cada día mostrará mayor descontento ante sus vehículos abandonados por falta de combustible.
Están a la vista dos antecedentes históricos.
El primero: Hace casi 30 años el recién iniciado gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió descabezar al cacicazgo que ejercía Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, en el gremio petrolero. Un operativo militar y policiaco fue lanzado sobre su domicilio para someterlo y llevarlo a prisión bajo diversos cargos, alguno de ellos infundados. Minuto a minuto, la estrategia incluyó el despliegue militar sobre instalaciones petroleras de todo el país para enfriar los ánimos que pudieran inquietar a dirigentes y sus seguidores.
El segundo: En las primeras semanas de su mandato, Felipe Calderón decidió golpear a las bandas del narcotráfico en su tierra natal, Michoacán, una región sobre la que el Estado mexicano tenía cada vez menos control y se encaminaba a ser territorio controlado por las mafias, como ocurrió durante décadas en Colombia. Tras esta incursión gubernamental, el crimen organizado desató un baño de sangre que según estimaciones extraoficiales, trajo a México 100 mil ejecuciones en el primer año.
Calderón Hinojosa fue acusado después de haberse implicado en una campaña para la que el gobierno, y en gran medida la sociedad, no estaban preparados. “Desató al avispero”, dijo en varias ocasiones López Obrador.
Corre ahora la segunda semana tras el anuncio del nuevo mandatario mexicano en el sentido de que está en vigencia una acción directa contra el saqueo de combustibles, lo que incluye la confirmación de lo que por años se daba por hecho: el robo es mayor dentro de las instalaciones de Pemex que el logrado por aquellos que perforan ductos. López Obrador ha dado cuenta de que empleados, funcionarios e incluso directivos de la empresa petrolera protegieron o al menos estuvieron enterados, por un número no determinado por años, de este robo gigantesco de recursos de la nación, y no hicieron nada.
Desde el fin de semana un fenómeno de escasez de gasolinas se extendió por regiones crecientes de la República. Inició en el centro, en el sistema de ductos que surge de la refinería de Salamanca, Guanajuato, y que alimenta a esa entidad, a Querétaro y a amplias zonas de Jalisco, en particular a su capital, Guadalajara. Luego se multiplicaron reportes de gasolineras cerradas en el norte país.
A ello siguieron reclamos de gobernadores estatales que, en diversos tonos, aseguraron que el gobierno federal no los alertó ante el riesgo de esta contingencia. Sólo el mandatario de Guanajuato, Diego Sinhué, mostró la prestancia de ofrecer una transmisión en vivo mediante redes sociales, junto con el director de Pemex, Octavio Romero, quien ofreció en cámara que miles de barriles diarios de gasolina serán entregados diariamente a Guanajuato a partir de este miércoles. Las enormes filas de vehículos frente a la refinería de Salamanca parecían, ayer mismo, poner en duda estos ofrecimientos oficiales.
Desde las primeras horas del martes el problema de escasez se presentó en la ciudad de México, quizá en una mezcla de desinformación, histeria y manipulación del malestar ciudadano. Estaciones de gasolina lucieron atestadas de vehículos en lo que inicialmente lució como compras de pánico que agotaron las reservas, primero de gasolina Magna y, posteriormente, de Premium. No faltaron escenas de empleados de gasolineras que sobornaba a los conductores a cambio de llenar el tanque de sus vehículos.
Una mayor crisis de escasez en el corazón de la República cimbrará a la nación y atraerá riesgos de caos en las calles y de protestas que contengan una larga agenda de demandas incumplidas durante los últimos años. Las protestas de inicios de 2017 por el “gasolinazo” quedarían en calidad de “niños de pecho”, para retomar otra cita del nuevo presidente mexicano. En esas olas puede naufragar cualquier ánimo de transformación de nuestra vida pública.
Estos son momentos en los que el tiempo no parece ser un aliado de López Obrador. Debe tomar decisiones ya.