El diagnóstico que se expone en el Plan Nacional de Paz y Seguridad Pública 2019-2024 sobre el estado de la seguridad pública en México muestra que se trata de la principal preocupación de la ciudadanía y señala que no se tenía una crisis de seguridad como la que nos ha tocado vivir desde el México posrevolucionario; paso a paso el Plan se refiere a una seguridad en “ruinas”, al creciente número de homicidios, a la delincuencia común en secuestros, extorsiones, asaltos y a otros delitos. En resumen dice que México se convirtió en uno de los países más inseguros.
Señalada esta problemática el Plan avanza para plantear que para superar la crisis de seguridad es necesario trascender o ir más allá la “estrategia represiva policial-militar, práctica básica y casi única…”. En otras palabras, señala el agotamiento del modelo con que se combatió la delincuencia durante los últimos doce años. Y subraya que se dejaron de lado los delitos de cuello blanco donde destacan la corrupción y el lavado del dinero, sin soslayar los electorales, el abuso de autoridad, la prevaricación y otros de sobra conocidos por una ciudadanía necesariamente harta del abuso del poder público por parte de los gobiernos en todos sus órdenes.
La aseveración sobre los delitos de cuello blanco es relevante porque en la mayoría de los países donde se ha incrementado la delincuencia también se presenta el fenómeno de la corrupción y del abuso de poder en el gobierno, así como de actores políticos, se trata, de una crisis de representación en que, dicho de modo simple, diferentes grupos sociales asumen que no hay razones para respetar a las autoridades y menos aún, la ley.
El diagnóstico que se expone en el Plan señala problemáticas que por años se expusieron en términos por así decirlo, suaves o laxos. Los nexos que se acusan entre el poder público y la delincuencia organizada era tiempo que, por lo menos, se asentaran en una visión nacional sobre los desafíos de la seguridad en México, también era de tiempo de asumir que la delincuencia encontró en la corrupción, la impunidad y en el enriquecimiento de actores políticos grandes campos de oportunidad abiertos por los cuales transitar hasta contaminar diferentes instituciones del Estado mexicano.
El diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad y los ejes que plantea, muestran una problemática entretejida que involucra actores desde el poder público municipal, local y federal hasta la delincuencia organizada transnacional; pasando por el uso indebido de las facultades que otorga el poder público; empresas reales o “fantasma”; infiltración de instituciones de seguridad pública; uso del sistema financiero para actividades ilícitas, y otros actores y problemáticas. Se trata en otras palabras de una explicación para comprender por qué es una empresa mayor enfrentar este complejo o si se quiere estas entidades políticas, delincuenciales y financieras que han operado en México por décadas contra la sociedad.
Una síntesis quizá adecuada sobre los grandes desafíos para recuperar la seguridad en México es asumir que la corrupción resultó ser un factor adverso al desarrollo nacional, es decir, un antagonismo al desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país, y que cualquier estrategia de seguridad pública no podrá tener mayor éxito sin un combate frontal a la mayor peligrosidad de la delincuencia que está en los delitos de cuello blanco. Sin erradicar la corrupción no hay seguridad posible.
La corrupción es un conjunto de prácticas, pseudo-valores y percepciones que se articulan en espacios del tejido institucional público en sus nexos con el mundo privado destinadas a lucrar con los recursos de la ciudadanía bajo el pleno conocimiento de la ley y los procesos administrativos, también se expresa en la connivencia de las autoridades para permitir, consentir o ser omisas ante actividades delictivas, entre estas el uso de los sistemas financieros para beneficiarse de recursos de procedencia ilícita.
Los ocho ejes del Plan Nacional de Seguridad forman parte de lo que el gobierno federal ha llamado un nuevo paradigma de seguridad pública: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Reformular el combate a las drogas. 3. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 4. Emprender la construcción de la paz. 5. Pleno respeto y promoción de derechos humanos 6. Recuperación y dignificación. 7. Regeneración ética de la sociedad. 8. Plan de seguridad pública.
Como se puede apreciar este Plan, encierra la necesidad de mejorar todo el sistema de seguridad y justicia, esto es, las funciones policial, fiscal y de impartición de justicia, sobre un conjunto de políticas destinadas al desarrollo social y humano, bajo la concepción de que la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, y la exclusión social también están en las bases de la problemática de inseguridad, del mismo modo, que lo están las violaciones a derechos humanos, la impunidad, las políticas represivas, y el papel de las instituciones privadas, sociales y públicas respecto a los valores que articulan y cohesionan nuestras sociedades.
El Plan se orienta entonces a vincular dos grandes campos de políticas. La política criminal, es decir, el conjunto de acciones que las instituciones establecen para perseguir el delito; y el bienestar de la población mediante la política social. La pobreza no es condición de conductas delictivas, pues la mayor peligrosidad delincuencial está en los delitos que cometen algunas personas formadas académica y profesionalmente, y que utilizan su inteligencia y poder para actuar contra la sociedad; lo que sí supone, es que una sociedad agraviada por sus gobernantes y que vive condiciones marginación es el campo propicio para que la delincuencia extienda sus capacidades y prácticas de cooptación, reclutamiento y extienda en el tejido colectivo y comunitario prácticas delincuenciales.
Hoy la estrategia de seguridad precisa continuar el combate a la corrupción para recuperar la seguridad ciudadana, fracturar los nexos de poder de diversos actores con la delincuencia y el uso indebido de facultades para obtener beneficios privados debe mantenerse como una prioridad nacional.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM