Aunque la atención de la sociedad se ha centrado mayormente en la tragedia que enfrentamos desde hace casi un año por el enorme número de muertes y contagios como consecuencia de la pandemia, así como en la esperanza que representan las vacunas, no por ello podemos permanecer indiferentes ante otros hechos también muy graves que al mismo tiempo se están suscitando en México.
En marzo de 2020 las mujeres tomaron las calles y alzaron la voz para condenar la violencia de la que históricamente han sido víctimas y exigir una respuesta clara de las autoridades y de la sociedad. Sin embargo, al cierre de este año se registró la cifra más alta de feminicidios con 969, lo que representa un incremento significativo respecto a 2015 -que es cuando se le comenzó a dar seguimiento a fin de que no se les clasificara tan sólo como homicidios- en que se contabilizaron 426 casos. Más allá de los números, lo cierto es que desde hace mucho tiempo se ha normalizado la violencia de género en nuestro país, donde incluso encuentran la muerte por el simple hecho de ser mujeres, la mayoría de las veces con total impunidad.
Periódicamente nos enteramos de casos que por unos días despiertan la indignación de la sociedad, pero lamentablemente pronto caen en el olvido sin que nada cambie, generando condiciones para que se repitan una y otra vez. El caso más reciente es el de la estudiante de medicina Mariana Sánchez Dávalos, quien llevaba aproximadamente seis meses haciendo su servicio social en una clínica de Nueva Palestina en el municipio de Ocosingo, Chiapas, donde fue hallada sin vida el pasado 28 de enero.
Lamentablemente es común enterarnos por las redes sociales de mujeres generalmente jóvenes que simplemente desaparecen y son localizadas días después sin vida, pero la historia de Mariana es distinta ya que un par de meses antes había notificado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas sobre el acoso que sufría por parte de un compañero, y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia así como en la Secretaría de Salud del estado por haber sido víctima de un ataque sexual solicitando su cambio de adscripción laboral.
De acuerdo a las declaraciones de la mamá, el agresor se metió varias veces a su cuarto en estado de ebriedad forzando la puerta para agredirla sexualmente, pero como ocurre con frecuencia fue ignorada y únicamente le dieron vacaciones por un mes sin goce de sueldo quizá para “calmar las aguas”, siendo que las autoridades pudieron haber evitado el fatal desenlace, que presurosamente calificaron como suicidio y ordenaron la incineración sin consentimiento de sus familiares, a pesar de que al parecer se encontraron señales de asfixia por ahorcamiento.
La determinación y activismo de familiares, amigas, amigos y compañeros de Mariana -quienes convocaron a manifestaciones y a un paro de actividades- han evitado que su muerte se reduzca a un expediente cerrado y a una cifra más que alimente las estadísticas al captar el interés público así como el apoyo de colectivos, organizaciones defensoras de derechos humanos, legisladoras etc., en su legítima exigencia de justica, que provocó el involucramiento de instancias federales para que se revise el caso con perspectiva de género. Es indispensable que se conozca lo que realmente le sucedió a Mariana.
En este contexto de irregularidades, negligencia e impunidad es preocupante que personajes como Félix Salgado Macedonio, denunciado en varias ocasiones por violencia sexual, sean postulados a cargos públicos de elección, pues confirma la falta de compromiso, solidaridad y respeto ante el drama que sufren todos los días miles de mujeres en nuestro país.