Un grupo maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) trató de sabotear la aplicación del examen de permanencia que se realizaba en Acapulco, lo que causó el enfado de las autoridades federales de educación pública para presentar denuncias ante la autoridad ministerial.
Hace unos meses a estas protestas se le sumaron maestros de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y recientemente de Jalisco, quienes señalan estar en contra de la reforma educativa, que tiene como uno de sus propósitos regular el ingreso y ascenso escalafonario, mediante la aplicación de exámenes, a cuyo procedimiento se niegan los docentes, que tiene como objetivo evitar la venta de plazas magisteriales y el ascenso sin méritos docentes.
La CETEG es la contraparte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es el dolor de cabeza que no ha permitido implementar en su totalidad la reforma educativa a nivel nacional.
Actualmente parece que la CNTE junto con la CETEG se quedó en sus prácticas de antaño, ya que en vez de apostar al diálogo o negociación, prefieren utilizar técnicas y tácticas subversivas, como la violencia de días pasados en Acapulco.
Quizás esta sea la razón por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó sendos amparos en contra de la reforma educativa promovidos por la CNTE, para evitar actos de violencia.
Pero no sólo es un deshonesto procedimiento en la CNTE o de la CETEG. En 2010 se desató un escándalo que involucraba al Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuando salió a la luz pública que para el examen de oposición que con bombo y platillo convocaron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE, ya había ganadores sin necesidad de concursar: Se trataba de la venta de plazas, por una cantidad que oscila entre los 40 mil y los 600 mil pesos, dependiendo del grado, materia y entidad federativa en que se desee trabajar de profesor.
Era secretario de Educación Pública (SEP), el finado Alonso Lujambio, cuya dependencia sólo se ajustó a mirar con asombro el señalamiento de corrupción, y dirigente del SNTE, la hoy convicta Elba Esther Gordillo Morales.
Hasta hace unos meses, el entonces titular de educación, Emilio Chuayfett sale a decir que desconoce quiénes son los jefes de los maestros. Como si el dinero para la nómina no saliera de la misma SEP. Un comentario inocente y desafortunado. Ahora, el titular de educación, Aurelio Nuño se ha desempeñado en múltiples funciones, desde la propia educación, hasta la seguridad pública inclusive.
No es el primer desvarío que tiene la educación pública mexicana, a la que se le ha señalado corrupción tras corrupción, tanto en su calidad, como en su cantidad.
En julio del 2008, el Banco Mundial publicó su informe “México, nota sobre los determinantes de la política en materia de aprendizaje”, en donde señalaba que el 52 % de la población adulta, carece de aptitudes y conocimientos básicos para hacer de nuestro país una economía competitiva.
Un poco más atrás a principios de 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dirige el mexicano José Ángel Gurría, calificó al SNTE de la maestra Gordillo, como “lastre” para la economía mexicana.
Por último, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala en un informe que el sindicato de Elba Esther Gordillo, es el paradigma de la corrupción educativa a nivel mundial.
Es un problema de forma y fondo, cuyos intereses gremiales se han puesto por encima de los intereses de la educación, como bien jurídico tutelado por el estado, que ha sido superado no sólo por algunos dirigentes de la CNTE y de la CETEG, sino también por la voracidad de otros dirigentes magisteriales del SNTE.