Desaparición forzada: crimen de lesa humanidad

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 7 define el crimen de lesa humanidad, de la manera siguiente: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: … i) Desaparición forzada de personas”. Así mismo define la desaparición forzada de personas como: “la aprensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o a aquiescencia, seguida de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongada”.

En México de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) a nivel de fuero federal otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dependiente de la Secretaria de Gobernación, señala al respecto: que del año 2007 con corte al 31 de agosto de 2017 existen 1205 personas no localizadas. Las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, la cual no han sido localizados 1,031 mexicanos y 160 extranjeros y no disponible, haciendo un total 1,205 personas sin localizar.

La entidad que tiene mayor número de personas no localizadas según la entidad federativa en donde se le vio por última vez, es el estado de Guerrero con 359 personas"

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) a nivel de fuero común otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dependiente de la Secretaria de Gobernación, señala al respecto: que del año 2007 hasta al corte del 31 de julio 2017 existen 32, 277 personas sin localizar. Las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas de circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar al corte del 3 de julio del 2017, personas no localizadas según la entidad federativa en donde se le vio por última vez, el primer lugar lo ocupa Tamaulipas con 5,943 personas. La cual no han sido localizados 30,055 mexicanos, 175 extranjeros y no especificado 2,047^[2].

Tomando en consideración dichas cifras, en México a nivel de fuero federal y fueron común, dan como resultado a 33, 482 personas sin localizar o desaparecidas al corte de agosto de 2017 y al parecer la cifra va en aumento.

En abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, en los numerales siguientes, que a la letra dicen:

47.       Los estados con mayor número de fosas clandestinas localizadas son los siguientes: Guerrero con 195, Nuevo León y Veracruz con 191. Es importante destacar que las diversas instancias de procuración de justicia hicieron referencia a cadáveres y por separado a restos humanos. En este sentido, para efectos de este Informe, una vez identificado un resto humano se consideró como cadáver identificado. Zacatecas con 83, Coahuila con 51, Colima con 35, San Luis Potosí con 34, Durango con 18, Jalisco con 17 y Sonora con 12.

279. 

Cabe destacar que no obstante que en el estado de Guerrero, desde el 14 de octubre de 2005, se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, y que sobresale con 75 casos en los índices de denuncias presentadas por desaparición forzada de personas, no hay una sola consignación por ese delito"

Porque tal como lo dice Human Richts Watch, que:

Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada. 

En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27.000 personas informadas como extraviadas desde 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar por su cuenta. Las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluyendo en fosas clandestinas.

El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero éstas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial. Sin embargo, al ser consultados en abril, miembros de esa fiscalía indicaron que habían presentado cargos en apenas cuatro de un total de 830 casos de desapariciones que habían empezado a investigar.

En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y la Ciudad de México. Al momento de la redacción del presente informe, el Presidente Peña Nieto había presentado los proyectos al Congreso, pero ninguno había sido promulgado.

Solamente uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de formación docente de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014 y se cree que habrían sido asesinados, fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. Hasta julio, más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros y asesinatos, pero a la fecha de la redacción del presente informe, ninguna había sido condenada.^[3]

Según lo dispuesto por el XXIII Informe de julio de 2016 a junio de 2017, Guerrero Mar de luchas, montaña de ilusiones de Tlachinollan, señala que:

Teniendo como referencia los años cruentos de la Guerra sucia, donde organizaciones de familiares denunciaron más de 600 desapariciones desde la década de los 70...

Por su parte, la CODDEHUM ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas o involuntarias entre 1990 y 2014, no obstante esto, la Fiscalía General no ha iniciado averiguaciones previas en ninguno de esos casos, pero ha investigado 44 casos adicionales. Ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones penales (consignaciones). Mucho menos ha habido alguna sentencia condenatoria…

La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero identificó a la Fiscalía General de Guerrero como la autoridad responsable en el 88% de los casos de tortura documentados entre 1994 y 2014, y a la policía investigadora del delito como la autoridad presuntamente responsable en el 44% de las desapariciones forzadas o involuntarias entre 1990 y 2014.

Con la aprobación esta semana en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas esperamos que se pueda avanzar para atender la crisis humanitaria que en este sensible tema enfrentamos y que ha representado un verdadero martirio para los familiares de las víctimas.

Si bien hay insuficiencias en ese ordenamiento, que no pueden soslayarse, y la misma tendrá que mejorarse en lo venidero, su aprobación es un importante paso para enfrentar este delito, para frenar esta violación grave a los derechos humanos que no se ha podido detener por la gran impunidad que prevalece en nuestro país a nivel federal y local.

Ante una época de oscuridad, violencia e inseguridad hoy más que nunca debemos velar por el interés de la nación, porque las desapariciones forzadas siguen en aumento y cada día decenas de personas desaparecen creándose un círculo de impunidad y corrupción.