A pesar de las expectativas de recuperación de la economía y crecimiento que pronostican como cierre del año, hay un denominador común que cada vez abraza e identifica a más sectores: la insolvencia.
Lo que sin duda nos hará conocer nuevas cifras en materia de morosidad y cartera vencida de las que la historia de nuestro país pueda dar cuenta.
Sin ánimo de sonar alarmista bastará ver los últimos reportes que los operarios de créditos proporcionan, y no me refiero solo a la banca comercial, si no a los propios programas federales como fue el caso de los Microcréditos para el Bienestar los que -hasta donde se sabe- no hay la certeza que puedan seguirse otorgando durante el próximo año 2022 pues este rubro no se encuentra considerado en el presupuesto de egresos para ese año.
Por otra parte, y respecto del Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares que otorgó durante la pandemia la Secretaría de Economía y que repartió 36 mil millones 385.9 millones de pesos, mediante un millón 455 mil 437 apoyos directos, en un lapso de finales de abril del año pasado hasta mediados de octubre del año 2021, la propia Secretaría desconoce cual es la cantidad que se ha pagado o devuelto al gobierno federal.
En torno al Banco del Bienestar, hace apenas unos meses se anunció que dados sus altos índices de morosidad (531 millones de pesos) que se incrementaron en un veinticuatro por ciento respecto al año pasado, ya no se darían mas créditos.
Total que de los créditos a la palabra y otros microcréditos que se otorgaron en el marco de la contingencia sanitaria para sortear los meses de cierre económico, no hay a la fecha un informe claro, sobre cuánto se ha pagado, cuánto se debe, y si continuarán dichos programas. Pero que a explicación general del presidente López O. sobre que “ya se empezaron a pagar” esos apoyos, se sobre entiende que en realidad, se está en apuros para recuperar lo colocado.
De la banca comercial, pues es evidente que los programas de “apoyo” que ofrecieron salieron en la mayoría de los casos peor de lo esperado, pues juntaron el saldo de los intereses ordinarios que generaron las mensualidades que dieron de tregua a los acreditados cumplidos, y ahora se las acumularon a las subsecuentes mensualidades, haciendo el pago más alto, y complicando el cumplimiento oportuno del crédito.
Es decir los apoyos, no fueron apoyos, y es el día en que si estamos llegando a la anhelada igualdad de clases, y estratos socio económicos, es porque nos une el denominador común de la insolvencia y las dificultades para pagar.
También es conveniente comentar que los bancos han tratado de ocultar sus cifras reales de morosidad, cediendo o vendiendo su cartera vencida a cesionarios que pretenden ahora un pago mayor y mas rápido de las deudas, y para el caso que el deudor no pueda cubrirlo, lo colocan en manos de terceros “inversionistas” que compran a un menor, mucho menor precio, esas cuentas, aunque tengan que invertir en despachos de cobranza para cobrarlo.
Así que es muy importante, mantenernos atentos al desarrollo de los juicios si es que alguien ya enfrenta un cobro de pesos en la vía judicial (de juzgados) o en los convenios de reestructura, finiquitos o segundas oportunidades que se le ofrezcan para evitar cometer el error de firmar algo que no se podrá cumplir, con riesgo de perder lo ya invertido.
La Jornada Estatal en Defensa del patrimonio familiar que ha venido operando el Barzón desde agosto del año pasado, precisamente para atender todos estos casos urgentes tanto de cobranza, como de insolvencia, ha dado buenos resultados, porque también ha servido para evitar fraudes, esto es, que personas que están en emergencia económica de liquidez contraten un crédito fraudulento.
Y hablando de fraudes, ya viene el Buen fin, y nos toca incentivar la economía, pero con cuidado extremo de nuestro bolsillo y sin ponernos en riesgo en operaciones de comercio electrónico, para ello el día de hoy estaremos en conferencia de prensa 10 am para dar recomendaciones al respecto.
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