Ante la terrible escalada de violencia que vive el país, es cada vez más frecuente que los medios de comunicación den seguimiento a los eventos más graves y busquen explicarle a la población las razones de esta crisis.
A nosotros, organizaciones de la sociedad civil, expertos y estudiosos del tema, nos toca la difícil tarea de tratar de explicar por qué a pesar del dinero gastado, a pesar de los esfuerzos hechos por el aparato estatal, mes tras mes los delitos y las víctimas continúan aumentando, y también nos toca responder por qué no sólo no avanzamos, sino que en muchas ocasiones retrocedemos.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hemos insistido que, si el delito, la violencia y el número de delincuentes crecen, se debe a la incapacidad del Estado.
Esa debilidad es el resultado de la falta de solidez institucional, es consecuencia de que la ley, los protocolos y normas internas sean vistos como mera referencia y rara vez se apliquen cual debe ser. La cantidad de policías, peritos, ministerios públicos es insuficiente, lo que genera cargas de trabajo irreales e injustas. Carecemos de indicadores de desempeño y resultado que expliquen con toda claridad qué se espera de cada persona, cada institución y cada programa; la capacitación y profesionalización son ejercicios de simulación para decir que se cumplió con un tema y rara vez impactan en el desempeño individual e institucional.
Debilidad institucional
La falta de supervisión de acciones y recursos promueve que tanto instituciones como individuos actúen de manera discrecional y no rindan cuentas. Los insuficientes recursos -porque son pocos respecto a las necesidades y por el mal uso de los mismos- se transforman en poco personal, mala capacitación, equipamiento insuficiente. La falta de un verdadero servicio civil de carrera y un atractivo régimen complementario, generan incentivos negativos que promueven desde el desgano hasta la corrupción. La falta de independencia de los órganos encargados de supervisar, inhibe el combate a la mala actuación y/o a la corrupción. Las políticas y estrategias rara vez están sustentadas en información clara y objetiva.
Aunado a la debilidad institucional, encontramos factores que van desde las decisiones internacionales de políticas públicas, hasta los factores sociales locales de riesgo -que una vez que se suman los unos a los otros- producen y mantienen vigentes las actuales situaciones de inseguridad.
Lo que no se puede ignorar es el rol de la delincuencia organizada en la descomposición que vive el país, en los niveles de corrupción, violencia y desprecio a la ley.
Si bien, en el imaginario colectivo la relación automática que se hace toda vez que se habla de delincuencia organizada es relativa al narcotráfico, lo cierto es que los negocios en los que opera la criminalidad organizada son muchos: el tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión presencial, el secuestro, el robo (de hidrocarburos, vehículos y mercancía, entre muchos más) e incluso actividades lícitas que permiten el lavado de dinero.
Enfrentar este tipo de delincuentes ha sido un reto enorme para el Estado, un reto en el que el gobierno reporta algunos resultados sin que se pueda hablar de éxito. Se ha detenido a miles de personas, entre ellos a más de un centenar de objetivos prioritarios, sin que se pueda afirmar que se ha logrado desarticular un cártel o un grupo delictivo.
La misma definición de delincuencia organizada ha dificultado su combate. Los gobiernos estatales y el federal discriminan bandas de delincuencia organizada de manera discrecional, a pesar del daño que representan para la sociedad.
Llegue quien llegue a gobernar el país, resulta ingenuo pensar que el 2 de julio o el 1 de diciembre los problemas se habrán resuelto o encontrarán por sí solos un rumbo.
Mayor inseguridad
Sin un plan claro, las cosas solo podrán empeorar. De hecho, con base en el comportamiento de la incidencia delictiva, en el ONC estimamos que 2018 será aún más violento que el 2017, que cerrará como el año con la mayor tasa de homicidios dolosos, robo a negocio y narcomenudeo desde que tenemos cifras oficiales comparables entre sí.
Desde el ONC hemos propuesto una serie de acciones que los gobernantes actuales y entrantes deberían y podrían implementar con miras a mejorar la situación de seguridad del país; hemos insistido en la necesidad de fortalecer las instituciones, priorizar prevención sobre reacción, usar la inteligencia para reducir los delitos, mejorar la aplicación del gasto público en esta materia, rescatar las experiencias positivas.
Precisamente sobre este tema, proponemos recuperar lo aprendido en materia de antisecuestro, generando coordinaciones nacionales y unidades especializadas para combatir el narcomenudeo, el robo de hidrocarburos el robo de vehículos.
Las unidades se encontrarán adscritas a las procuraduría o fiscalías generales de los estados, no obstante, las coordinaciones nacionales deberán contar con los instrumentos para poder sancionar a aquellas unidades que no cumplan con su función.
Actualmente la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) no cuenta con los elementos para poder obligar a una unidad a que cumpla con las políticas en materia. Sin embargo, su trabajo ha sido fundamental para homologar la manera en la que cada unidad debe implementar los protocolos, que se cumpla con la capacitación, el acuerdo de permanencia del personal y se reduzcan las asimetrías entre unidades.
Además, ha sido clave en la supervisión de la buena implementación de las aportaciones federales que el recurso se utilice adecuadamente y finalmente llegue a la unidad tal y como se concertó.
Cada unidad debería compartir información con la coordinación, y las coordinaciones deberían generar inteligencia en unión con la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Combate a la Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Actualmente este modelo ya se usa como referencia para echar a andar la Coordinación Nacional de Búsqueda (de personas desaparecidas) y las unidades locales.
Toda política pública requiere de recursos, cada peso aplicado en alguna nueva acción significa que es un recurso que se le ha quitado a otras acciones. Consientes de esto, desde el ONC insistimos que se debe priorizar en estos delitos que, a su vez, son generadores de otros delitos graves, que tienen vastos comunicantes importantes entre sí.
En el ONC mandamos estas y otras propuestas a los candidatos y desde mi asiento como invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo he intentado promover.
Lamentablemente, este gobierno parece ya poco dispuesto a hacer algo, siguen presumiendo descensos relativos en un contexto de violencia, siguen repitiendo acciones y no hay consecuencias -mas que para la población- ante esta crisis de violencia que vivimos.
Esperemos que quien resulte ganador tome en consideración los diagnósticos, escuche a la sociedad civil, rinda cuentas, permita la supervisión ciudadana y lidere en primera persona la mejora de seguridad del país.