Faltan palabras para describir la indignación y el repudio que merecen los ataques terroristas en París, Francia, que ocasionaron una matanza brutal de decenas de personas, así como un enorme número de heridos, muchos de ellos de suma gravedad. En el mero corazón del mundo occidental fanáticos fundamentalistas perpetraron sus ataques inhumanos. El último dato oficial habla de 129 muertos, 352 heridos, 89 de ellos de gravedad. Frente a esta atrocidad debe sumarse toda la condena y el castigo a quienes están detrás de esta salvajada.
Lo que pasó este viernes pasado en París nos mueve también a subrayar la magnitud de la tragedia humanitaria que vive nuestro país con decenas de miles de muertos con la guerra al narcotráfico que inició Felipe Calderón y ha continuado Enrique Peña Nieto. En nuestro país según cifras oficiales hay 26,000 personas desaparecidas, la tortura se practica en forma sistemática y ejercer el periodismo es una profesión de altísimo riesgo. El caso más extremo de la barbarie mexicana es, sin duda, el estado de Guerrero en donde (por citar un dato) el pasado domingo en unas horas mataron a doce en la Costa Chica en el municipio de Cuajiniculapa y en Chilapa a otras seis personas, mientras todos los días matan lo mismo en Acapulco que en Chilpancingo, que en la sierra o tierra caliente. No se debe dejar de repudiar lo de París, pero también debemos reprobar el terror que azota a nuestro país y a los guerrerenses, donde todavía no se conoce el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
A este respecto en días pasados se presentó en el Congreso del Estado de Guerrero el Informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, elaborado por la Open Society Justice Initiative, trabajo que con rigor documenta con completa objetividad la cruel situación que se vive en la entidad.
De acuerdo con el informe, la delincuencia organizada se ha infiltrado en algunas instituciones estatales y municipales, incluyendo la policía. De casi veinte mil homicidios entre 2005 y 2014 sólo se han logrado 764 sentencias condenatorias y no se han presentado cargos por desaparición forzada en el ámbito local.
“Si la población de Guerrero ya no se sorprende por lo habitual de las atrocidades, a estas alturas también se ha acostumbrado al fracaso casi total del sistema de justicia del Estado en lograr que los perpetradores sean responsabilizados y rindan cuentas.”, cita el informe.
Justice Initiative, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se ha dado a la tarea de comprender la dimensión de las graves violaciones a los derechos humanos que suceden en Guerrero, así como identificar los motivos por los que el sistema de justicia penal de Guerrero ha desatendido tan gravemente a las víctimas de estos crímenes.
En informe plantea una pregunta sustantiva: ¿Por qué ha habido tan poca justicia por las atrocidades que ocurren Guerrero?
Tras un análisis exhaustivo de la voluntad política y la capacidad técnica del estado de Guerrero para investigar, perseguir y llevar a cabo procedimientos justos en contra de los presuntos perpetradores de ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, el informe concluye, de manera extremadamente preocupante, que la razón principal para la creciente injusticia en Guerrero es de naturaleza política: El sistema de justicia ha sido indebidamente influenciado por un poder ejecutivo autoritario que no ha respetado su autonomía.
Por otra parte, la policía investigadora del delito, profundamente implicada en la perpetración de atrocidades, es la encargada de investigarlas. La capacidad de los abogados defensores es débil y su presencia es insuficiente, especialmente en las zonas pobres, rurales y mayoritariamente indígenas, donde la infraestructura tampoco es suficiente.
El poder judicial no es tan independiente del ejecutivo. Muchos de los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y la policía carecen de las habilidades básicas para prevenirlos e investigarlos, entre otras.
Como resultado, el informe nos aporta cinco áreas fundamentales sobre las cuales es necesario realizar un trabajo exhaustivo, desde todos los poderes del estado, y es nuestro deber enfrentar esta responsabilidad sin duda alguna desde el Congreso local, de manera firme y contundente.
No debo omitir nuevamente la significativa preocupación que debe producirnos que nuevamente sea la sociedad organizada nacional, con respaldo de sus homólogos internacionales, quienes propicien estudios serios y profundos sobre las graves violaciones a derechos humanos que se comenten en nuestro país.
Nos debe doler lo que pasa en París y debemos expresar toda nuestra solidaridad por el duro momento que viven los franceses, pero tampoco podemos acostumbrarnos al horror de la violencia en México y en Guerrero. Estos hechos merecen nuestra condena y nuestra acción.