Hoy se conmemoran 60 años de que las mujeres votaron por primera vez en nuestro país (3 de julio de 1955), es preciso realizar un balance de las acciones afirmativas, como las cuotas de género, y buscar alternativas que revitalicen la lucha por la igualdad sustantiva.
De 1955 a la fecha, los derechos de las mujeres han aumentado en nuestro país en sus diversas agendas: social, económica y política. Respecto a la agenda social, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado instituciones, acciones y tareas sustantivas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, fortaleciendo, por ejemplo, los trabajos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
En cuanto a los derechos económicos de la mujer, se ha impulsado un marco que permita que a un mismo trabajo corresponda el mismo salario.
En materia de derechos políticos, se ha avanzado en mayores oportunidades para que la mujer sea votada y ocupe cargos en los órganos de gobierno: El diez de junio de 2011, se llevó a cabo la reforma constitucional al Artículo 1°, que dotó de reconocimiento de la progresividad de los Derechos Humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona. Sin esta reforma, no se puede entender la sentencia de género de noviembre de 2011 que emitió la Sala Superior del Poder de Justicia Electoral, cuyo fin fue evitar el fenómeno de las “juanitas”.
Así pues, la reforma político electoral, en materia de paridad de género, impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, forma parte de un proceso que pone piso parejo a la participación política de la mujer en nuestro país.
En el pasado proceso electoral, como consecuencia del mandato constitucional de paridad de género, los partidos políticos se vieron obligados a registrar igual número de mujeres y hombres en sus candidaturas de mayoría relativa. En cuanto a las candidaturas de representación proporcional, fue la primera vez que la distribución de las listas se hizo bajo el principio de “una-uno”; es decir, las listas fueron compuestas por un hombre y una mujer de manera alternada.
Bajo este contexto, las pasadas elecciones en el Distrito Federal no sólo modificaron la configuración política de la Ciudad e impulsó la pluralidad en las Jefaturas Delegacionales y en la Asamblea Legislativa, sino redistribuyó el poder político entre hombres y mujeres.
En 2006, la ALDF estuvo integrada por 50 diputados y apenas 16 legisladoras, siete posiciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional; hoy, casi una década después, las mujeres ocupan 28 de las 66 curules, 16 de mayoría y 12 plurinominales.
La participación de las capitalinas en el máximo órgano deliberativo de la Capital de la República sigue una clara tendencia al alza: en 2003, ellas ocuparon el 33.3% de las curules; en 2006 y 2009 bajó a 24.2%; en 2012 llegó a 33.3%; y hoy ocupan el 42.4% del Pleno.
En cuanto al PRI en la Ciudad de México, de las nueve posiciones de mayoría relativa ganadas (tres diputaciones locales, tres federales y tres jefaturas delegacionales), cuatro han sido para mujeres. Aunado a ello, nuestros candidatos plurinominales van 50 y 50, lo que en conjunto nos ubica como la fuerza política más equitativa en la Capital.
Sin duda, se trata de un gran paso en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que contribuye día a día a eliminar la desigualdad por cuestiones de género en el acceso al poder público.
Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Está pendiente avanzar en una agenda de derechos de cuarta generación que contempla la redistribución de las tareas del hogar, el uso de tiempo libre y la efectividad de los derechos sexuales y reproductivos. Además, es necesario robustecer las acciones en materia de derechos económicos de la mujer.
En este sentido, vale la pena plantear preguntas y reflexionar sobre los efectos del entramado institucional y las prácticas que buscan garantizar los derechos de las mujeres en México: ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos que consolidar para lograr un mayor empoderamiento de la mujer en lo político, lo social y lo económico?, ¿son las cuotas de género un instrumento suficiente y eficaz para alcanzar la paridad efectiva entre hombres y mujeres?
La transformación, además de política, tiene que darse en la arena social. Una norma logra cambiar la realidad sólo si es compartida, si se interioriza y si genera a largo plazo una transformación cultural.
Para ello, se requiere de una política integral y un compromiso para alcanzar un País, y una Ciudad, en la que la perspectiva de género sea un eje transversal en las políticas públicas.
Las y los legisladores y delegados, que triunfaron en el pasado proceso electoral, tienen el reto de impulsar esta agenda para alcanzar la paridad efectiva.
Acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres no es sólo una cuestión de tener más mujeres en los gobiernos y en los congresos. Se trata, en cambio, de tener perspectiva de género en la tribuna, en las leyes y en las políticas públicas; se trata de pasar de las acciones afirmativas a las acciones colectivas, en las que tanto hombres como mujeres contribuyamos juntos para lograr la igualdad sustantiva.