Invariablemente, con casi un promedio perfecto de dos años y desde 2010, las estructuras gubernamentales mexicanas (varias) nos anuncian la creación y/o fortalecimiento de una base de datos genéticos que se presentan a la opinión pública como respuesta eficaz y de vanguardia a las demandas del sector social para el esclarecimiento de la verdad material ante la flagrante desaparición de personas y el esclarecimiento de los delitos sexuales o de sangre. Sin embargo, tanta proliferación de iniciativas de ley y datos manejados sin certeza, nos dejan con la claridad de inexistencia de las mismas con más, la seguridad de una falta de voluntad política galopante y un sabor de boca que indica que se trata de un discurso utópico e inseguro más.
Los invito a recorrer 10 años hacia atrás. Noviembre de 2009, momento en que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, a raíz del sonado caso Campo Algodonero, estableció por primera vez para México la obligación de emplear las tecnologías del ADN para la identificación humana. Tan sólo un mes más tarde, en el mismo sentido, estableció que el estado mexicano era responsable en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, acaecido en la década de los años setentas – plena guerra sucia – conminando al gobierno a la aplicación de las mismas técnicas en cuanto a su localización e identificación de hallarse sus restos mortales para devolverlos con certeza a sus familiares.
En el mes de octubre de 2010, México informaba de la existencia de una Base de Datos en Genética Forense, misma que ya contaba con casi 9800 perfiles genéticos de desaparecidos. Un año y un mes más tarde – 2011 -, la entonces PGR anuncia que ya ha implementado el sistema CODIS del FBI para la identificación genética de desaparecidos (saque sus cuentas…ya van 2… y de legislación, aún ni hablar!).
En febrero de 2012 – aquí el promedio nos falla, fue 1 año antes de lo esperado – se presenta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una especie de iniciativa de ley, porque en realidad se trataba de un proyecto de decreto que reformaría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de crear una base de datos genéticos (otra, ya son 3) para contar con una sistematización que permitiera localizar a personas desaparecidas y cumplir con las demandas sociales, parafraseando su exposición de motivos.
A fines de agosto de 2012 – sí, tan sólo 6 meses después – la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, hace público el programa Genética Forense (y ya son 4…y las anteriores?), debido a que la institución a la que se encontraba al frente, ya contaba con 15,618 perfiles genéticos, obtenidos del producto de las investigaciones desplegadas en la procuración de justicia, lo que permitiría de manera vanguardista proceder a una completa implementación de la misma, sólo que, 2 años después (junio de 2014), Mariana Benítez Tiburcio, a la sazón subprocuradora de asuntos jurídicos e internacionales de la misma PGR, en ocasión de la X Reunión del Grupo Iberoamericano de Trabajo en análisis de DNA GITAD, declaró que se contaba con 14,278 perfiles genéticos (o sea…1340 perfiles menos que 2 años antes!) y que el gobierno federal se alistaba para crear una base de datos genéticos de desaparecidos a nivel nacional (otra más… para emplear como herramienta de investigación en la procuración de justicia. O sea, ya vamos con 5!!!).
“Impecablemente”, en marzo de 2016, el entonces gobernador del Estado de México – Eruviel Ávila – propone la creación de una (otra!!! 6!!!) base de datos de ADN en conjunto con las 32 entidades del país y hasta aportó un nombre para la misma: “GenMex”. Y todo esto, sin tomar en cuenta la reactivación de la Comisión Nacional de Desaparecidos, que ya venía juntando datos y que, al parecer, seguirá haciéndolo quién sabe con qué destino.
Sin saltarnos bienios, en febrero de 2018, la policía federal abre – aclarando que lo hace desde 2013 – una nueva campaña nacional de toma de muestra de ADN de Familiares de Desaparecidos, que desconocemos qué lista de perfiles habría de engrosar – con el riesgo más arriba señalado, de que se pierdan alrededor de 1,500 en el siguiente intento -.
Pero vayamos aún más allá: Los estados no han sido renuentes a sumarse a la “movida genética” de esta “new age” que confía en la falta de memoria. Chihuahua tiene su propia ley, escueta e disfuncional y sólo aplicable al fichaje genético, sin aclarar muchos puntos delicados, como por cuánto tiempo ha de durar el mismo, lesionando cuestiones tan gravosas como lo son los derechos humanos. Morelos, hace lo propio, sin sistematización o marco legal de algún tipo. En igual situación se encuentran Veracruz, Michoacán y Tamaulipas – este último estado en el que, conforme a las últimas declaraciones de Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, se aplicarán en este momento los recursos económicos necesarios para recabar la mayor cantidad de información genética posible (Para oootra base de datos genéticos?? Dios nos agarre confesados!!) Y todo esto sin contar que, en el Congreso de la Unión existió la presentación de dos proyectos de ley para la regulación de los Bancos de ADN, una de 2009 y otra de 2017 que, serán meros antecedentes y como tales se quedarán, porque no prosperaron.
En cuanto a Veracruz, la situación es más que lamentable. Un exfiscal que, a inicios de su gestión declara que Veracruz es la fosa más grande del mundo – cuestión que giró el mundo y hasta pudo verse en los medios y redes rusas -. Una ley en materia de desaparición de personas de agosto de 2018, heredada del minigobierno anterior y que adolece de muchísimas lagunas que la hacen en ciertos casos inoperativa, listados en la FGE que no son más que simples archivos Excel que a nadie constan en cuanto a su veracidad, una Comisión estatal de Búsqueda de Desaparecidos, con la renuncia por caso de salud de su primer titular y la designación de una nueva encargada de despacho que carece de las credenciales para hacer efectivo el funcionamiento de la misma, datos de desaparecidos que son proporcionados por los propios colectivos de familiares en su angustia por faltas de respuestas valederas y respaldos institucionales, inaplicabilidad arbitraria de la Ley en cuanto a la participación de los familiares en la búsqueda activa de las personas desaparecidas y, como si fuera poco, desde principios de este mes, el anuncio letal de que no se podrán destinar los fondos que se tenían asignados…y eso que ni “ley de adn” tenemos!!, porque, el proyecto que presenta la diputada local por el PRD Copete Zapot en la anterior legislatura, era tan escueto y superficial que ni para su implementación era eficiente.
Eso sí…hace pocos días (septiembre de 2019) aparece la nueva noticia desde CDMX: Otra base de datos genéticos, pero esta vez, para delincuentes sexuales... ya no quiero sacar más cuentas.
Esta periodicidad de moda “anunciativa” ya no pega en la sociedad. Ya ni siquiera genera incertidumbre, sino que se trata de la clara certeza en cuanto a una patente falta de voluntad política en hacer lo que se debe.
¿Hay acaso algún funcionario público que lo vea? Habemos en México muchos profesionales dedicados al tema, que vamos desde lo científico hasta lo legislativo. Esto no puede tomarse a la ligera y son muchas las áreas involucradas que se requieren. Si no me creen, piensen en el avance que al respecto tienen nuestros vecinos latinoamericanos, pero busquen dentro de México, que habemos muchos que hemos trabajado con esos gobiernos y queremos hacer mucho por nuestro país.
En otros términos: A nivel nacional y estatal, las propuestas de regulación jurídica para el tratamiento de esta temática, para su uso forense, criminal, en materia de salud, como esclarecedoras de identidad, etc., ni siquiera se encuentran en desarrollo. O sea, que en la materia, estamos más inseguros que cuando ni las pruebas genéticas se mencionaban, porque tampoco los proyectos de ley que se han presentado, incorporan los tratamientos y adecuaciones de índole constitucional y otras reformas que amerita la situación. Claro está, si la tomamos en serio.
A las órdenes quedamos y, como consejo, por favor, si no se va a hacer, que se diga con transparencia.
Finalmente, una aclaración: Se requiere de mecanismos que nos den confianza pero, para ello, no hay prueba genética aplicable al estado.