Las peores pesadillas y augurios de quienes levantaron la voz, pues vieron con desasosiego cómo se extinguía el Seguro Popular para dar paso al Insabi de la 4T, hoy se ven materializadas con el desmantelamiento de un equipo emanado del modelo del Servicio Profesional de Carrera, cuyos puestos penden de un hilo, y avizoran con ello un colapso administrativo que pondría en jaque la operación del instituto.
Sí, 26 trabajadores han dejado de recibir su sueldo durante este 2021 y nadie les da razón de este abuso por parte del Insabi.
Estos funcionarios forman parte de áreas sustanciales como el Despacho de Financiamiento y del Padrón de Afiliados –ay nomás–, motores del desaparecido Seguro Popular y base nodal para la correcta puesta en marcha del Insabi, caracterizado hoy en día por la improvisación.
Desde su titular, Juan Antonio Ferrer, quien no sólo carece de toda experiencia en el sector, sino de ética profesional alguna, pues ante su incapacidad ya debió de haber renunciado.
Pero esto no es la nota; la nota, como ya leyeron, es que el Insabi atropelló a los trabajadores del Servicio Profesional de Carrera que llevaban años trabajando ahí, sin importar su antigüedad, currícula, si le entendían al tema, etcétera, etcétera.
Y no es por echarle más limón a la herida, pero entre los transitorios de la apresurada reforma a la Ley General de Salud se estipula que los recursos financieros, materiales y humanos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) –que administraba el empleo de los fondos para el Seguro Popular– serían transferidos al Insabi.
No obstante, entre los estatutos del nuevo instituto no figuraba el Servicio Profesional de Carrera, ni lo adoptaron como modelo de contratación, por lo que muchos funcionarios suscritos bajo este régimen quedaron en la incertidumbre y otros más fueron obligados a firmar sus renuncias bajo presión.
Siendo más específica, para junio de 2019 eran más de 100 funcionarios. Para el inicio de 2020 fue cuando metieron el acelerador para desmonte del brazo operativo del Seguro Popular.
A la fecha, un grupo de 26 funcionarios –remanentes de un grupo de 70 que ya no les renovaron su contrato– está en vilo, pues no sólo no sabe qué pasará con su futuro, sino que lleva sin cobrar tres quincenas a pesar de seguir trabajando.
Lo grave no sólo es que la 4T está atropellando sus derechos laborales y a ellos como personas, sino que al echarlos comenzaría una contratación indiscriminada en el Insabi, que no sólo vulneraría la operatividad del día a día en una institución que debería ser clave en la procuración de salud, sino que pone en riesgo recursos económicos que no garantizan un impacto en la atención de las personas sin seguridad social y condena al rezago a miles de pacientes.
Pues no hay que ser una eminencia para adivinar que las nuevas contrataciones por designación directa, como ya está sucediendo, son de personas que no garantizan tener los CV óptimos para el puesto.
Para muestra un botón
Un ejemplo de ello es el crecimiento desmedido entre el Seguro Popular y el Insabi, que pasó de 53 millones de afiliados a 60 millones de “beneficiarios”, sin que existiera un diagnóstico, reglas de operación, ni estudios técnicos y financieros que ampararan de inicio la suficiencia presupuestal para poder operar.
No menos importante son los recursos que enviaba el Seguro Popular, de la Federación a los estados, para que cubrieran aspectos como pago de nóminas médicas, medicamentos, adquisición de equipo, creación de unidades de salud, entre otros, que hoy se hace por medio de la llamada “aportación federal”.
La cartera de atenciones, medicamentos, etcétera, se determinaba en función de los mismos afiliados y con el recurso presupuestal disponible para que fuera sostenible financieramente la cobertura de los servicios médicos para las personas que no tienen seguridad social.
Estas transferencias de recursos están contempladas en el presupuesto, pero los que llegan de forma intempestiva al Insabi no conocen todas las reglas, aspectos, ni las leyes que se deben cumplir para que tan sólo una entidad reciba determinados recursos.
Y lo que hace el instituto es nada más replicar el producto terminado, es decir, copian y pegan, lo que son los montos a transferir, pero sin análisis de si alcanzará para cierto tipo de población, la demanda en cuanto a servicios, insumos y no se hable de los institutos del tercer nivel. ¡Así de grave!
Cabe aquí hacer mención de que, entre las mayores incertidumbres por la gestación del Instituto del Bienestar, estaba el tema del financiamiento y la distribución de recursos, pues instituciones de alta especialidad, como el Fucam, dejaron de percibir los apoyos que les proporcionaba el Fondo del Seguro Popular, pasando con ello factura a miles de pacientes.
Contratación en el limbo
Los 26 funcionarios del Servicio Profesional de Carrera que han sobrevivido, pero no cobrado durante este 2021, han sido invisibles ante la propia Secretaría de Salud, dirigida por el aviador Alcocer, la cual no les ofrece respuesta sobre su situación, ni si serán reubicados o liquidados conforme a lo que corresponde por ley.
Sus protestas han recaído en la directora de Recursos Humanos y Organización de la Ssa, Analí Santos Avilés, quien no sólo los ha dejado en ascuas sobre su papel en la transferencia al Insabi, sino que tampoco los auxilió con el pago que dejaron de recibir.
Tampoco han rendido frutos sus reuniones con el coordinador nacional de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, y con el abogado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Insabi, César Alberto Hernández Escorcia.
Leído lo anterior, parecería que la 4T, al retenerles ilegalmente su sueldo, los quiere orillar a la mala a firmar sus renuncias, tal cual lo hicieron con los trabajadores de la Oficina de la Presidencia –lo cual dejé documentado hace ocho días en este mismo espacio–. ¿Qué no es más fácil liquidarlos conforme a la ley? Luisa María Alcalde, ¿existes? SFP, ¿dónde estás?
No nos hagamos patos
Es claro que uno de los objetivos del Insabi, desde un inicio, fue adueñarse del presupuesto de la institución, incluyendo el Fondo de Gastos Catastróficos, que estaba parcialmente creado con dinero de las aportaciones de los asegurados y que antes se destinaba a garantizar tratamiento y medicinas para enfermedades como el cáncer de niños o el cáncer de mama. Sin embargo, con AMLO ese dinero se ha ido a gasto corriente del Insabi y no del sector salud.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con la autorización de la autora.
*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.