A partir de su contundente victoria electoral, López Obrador afirmó que en poco tiempo se pacificaría al país, la economía crecería, habría recursos suficientes que permitirían disminuir las desigualdades sociales -principalmente a través de los programas de desarrollo- al terminar con la corrupción y los excesos en el servicio público, y que tendríamos un sistema de salud de primer mundo. En estos 11 meses de gobierno, ha reiterado prácticamente todos los días durante sus conferencias de prensa que el país ya cambió, coloca los temas que le interesan en la agenda pública, le da vuelta a aquellos que le son incómodos y descalifica cualquier postura divergente.
No cabe duda que el presidente domina la arena pública y ha sido muy hábil para construir una narrativa que hasta el momento le ha funcionado, pero hace falta algo más que eso -y su popularidad- para gobernar un país y dar resultados. Ante cualquier acontecimiento, información o cuestionamiento que advierta sobre la situación prevaleciente en el país, particularmente en lo que se refiere a seguridad o economía, responde que de acuerdo a sus datos -que nunca revela- vamos muy bien y no hay de qué preocuparse. Si acaso, acepta que en algunas áreas se avanza despacio porque se está limpiando la casa y poniendo orden ante el desastre que le dejaron, y en todos los casos termina arremetiendo contra los conservadores, fifís, neoliberales etc., desviando convenientemente la atención.
Sin embargo, lo ocurrido en Culiacán hace un par de semanas o la reciente tragedia en que perdieron la vida nueve integrantes de la familia LeBarón -entre los que se encuentran cuatro niños y dos bebés de nueve meses- en los límites de Chihuahua y Sonora, y que lamentablemente no se trata de hechos aislados, son tan sólo una muestra de que la realidad es muy distinta al optimismo gubernamental que nos buscan contagiar cada mañana desde el púlpito presidencial.
No hay manera de afirmar que vamos bien cuando, según las cifras oficiales, en lo que va de esta administración se han registrado más de 30 mil homicidios y, de mantenerse esta tendencia, 2019 puede convertirse en el año más violento en la historia. Tampoco se aprecia un cambio significativo en otros delitos como secuestro, extorsión o robo a mano armada. Es cierto que la violencia en nuestro país viene de tiempo atrás y que sus causas son diversas y muy profundas por lo que no se puede culpar únicamente al gobierno de López Obrador, pero en este momento la responsabilidad es suya -aunque el parecer se niegan a asumirla- y fue el propio presidente quien se comprometió a que en seis meses disminuiría la inseguridad. Dicho plazo ya venció con los resultados que todos conocemos, y no hay nada que nos permita pensar que esto puede modificarse en positivo, al igual que en el caso de la economía que enfrenta un preocupante estancamiento ante la falta de confianza en el gobierno debido a las decisiones que ha tomado y a su ánimo beligerante que desalienta la inversión afectando por tanto la recaudación así como la generación de empleos.
Pero quizá lo más grave es que mientras esto sucede, no se advierte el menor sentido autocrítico y capacidad de rectificación por parte del gobierno. Por el contrario, se niegan a aceptar la realidad, a entablar un diálogo constructivo con las distintas fuerzas políticas y grupos sociales e insisten en la vía de la confrontación que en nada abona a la cohesión social en torno a los grandes problemas nacionales.