¿Sabrá el presidente que en 18 meses la percepción pública (INEGI) de la corrupción en su gobierno subió 7% e incluso se percibe que su administración es “más” corrupta que la anterior?
Los estudios de transparencia mexicana refieren el auge, no solo en la “transa” de ventanilla, sino en al menos 80% de las adquisiciones y contratos realizados por asignación directa, sin concurso, a destiempo y rodeados de opacidad, tal y como ha sido la compra de respiradores para pacientes en estado crítico, por un precio hasta tres veces superior a su valor en el mercado. Por una conducta similar, el ministro de Salud de Bolivia enfrenta un proceso judicial.
Es también deshonestidad el intento de extinguir los fideicomisos públicos para apoderarse de 740 mil millones de pesos y destinarlos a sostener clientelas electorales, así como programas asistenciales disfrazados de creación de fuentes de trabajo.
Los peruanos, víctimas de sonados abusos desde el poder, supieron dar estructura de estado y continuidad institucional al combate a la corrupción y lo abordaron como un fenómeno de la vida social que ameritó todo un plan nacional y metodologías con objetivos y metas verificables, mediante una administración pública que promueve prácticas de buen gobierno, ética y transparencia que a su vez compromete también la relación con empresas y empresarios.
Cinco expresidentes peruanos han sido sometidos a procesos judiciales; aquí la corrupción es tema predominante de las mañaneras, donde se distribuyen culpas en pasado y perdones en presente.
El presidente conciliador, pacifista y humanista que ganó muchas simpatías al inicio de su gobierno se ha ido transformando en lo que él condenaba; divide, polariza, estigmatiza y hace escarnio de quien no le aplauda o piense como él. Los medios son considerados como adversarios y las redes sociales, antes benditas, hoy comienzan a ser consideradas por la 4 T como “vendidas”.
AMLO ganó la simpatía de millones de electores por su posición contra la corrupción y contra la inseguridad con una sociedad indignada por los excesos del régimen priista a partir de escándalos cotidianos de opulencia y frivolidad, como la Casa Blanca, lo cual posibilitó que quien ahora detenta el poder se haya visto favorecido en las urnas de julio de 2018.
AMLO tenía 32 puntos de intención de voto al arranque de su campaña y cerró con 53; mucho le ayudaron esos 21 puntos aportados por el equipo de Peña, decidido a descarrilar al candidato panista que terminó su campaña defendiéndose en las agencias del Ministerio Público Federal. ¿Cuál sería el precio del favorcito? No es difícil imaginar…
Esos 21 puntos aseguraron para él y para Morena el control de las cámaras de diputados y senadores y hasta ahora, el expresidente y su círculo rojo son intocables.
Corrupción e impunidad van de la mano y generan mayor inseguridad; mientras tanto, el presidente reitera que fue electo para encabezar un cambio de régimen, incluso una revolución pacífica como resultado de la 4T; ello explica y actualiza su absoluto desprecio a las instituciones, aún las constitucionales, que puedan ser un dique u obstáculo ante la concentración unipersonal de poder.
La historia ha demostrado que entre más absoluto es el poder, más corrupta es una administración ausente de estructuras y límites. Sin seguridad, honestidad y rendición de cuentas no hay transformación posible y el régimen volverá a defraudar la esperanza que despertó en muchos mexicanos.
La experiencia de otros países que han avanzado en estos aspectos fundamentales, evidencia que todos han hecho reformas en los 3 niveles de gobierno, orientadas a tener y consolidar organismos independientes, plurales y enriquecidos con la participación de la sociedad, de colegios de profesionales, dotados de competencia para actuar sin distinción incluso hasta el nivel más alto de la administración, sin fueros ni privilegios.
Con la crisis sanitaria y económica viene el cierre de empresas, el desempleo, el incremento de las deudas y la pobreza, lo cual aumentará la delincuencia y la corrupción.
Con todo el poder y control políticos que el ejecutivo ejerce sobre los poderes legislativo y judicial, sólo hace falta voluntad política para construir un robusto andamiaje institucional capaz de abatir realmente la corrupción, impunidad e inseguridad. Un primer paso para tener resultados sería desaparecer la Secretaría de la Función Pública, cuya inutilidad es evidente, e iniciar una verdadera transformación de políticas de estado en materia de corrupción. Claro, se dice fácil que para poder hay que querer. Hoy la mira del presidente está puesta sólo en el 2021.
Notario, exprocurador general de la República