La cooperación entre naciones es parte de la globalización que vive el mundo y que va más allá del simple intercambio comercial. Para los gobiernos mexicanos ha sido un tema de tanta importancia, que desde 2011 existe la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre cuyos propósitos están la promoción del desarrollo humano sustentable; el fortalecimiento a la seguridad pública; el fortalecimiento del Estado de derecho; la transparencia y rendición de cuentas y la equidad de género, por sólo citar algunos.
Sin embargo, los discursos nacionalistas clasifican a las ayudas provenientes de países económicamente más sólidos como actos de intervencionismo, pero sólo cuando les conviene.
Allí está Nicolás Maduro condoliéndose de que Venezuela sea excluida de la donación de vacunas por parte del gobierno estadounidense, mientras que el jefe del Ejecutivo mexicano agradece a la vicepresidenta Kamala Harris la donación de un millón de dosis del inóculo de Johnson & Johnson contra covid-19, al tiempo que pide al gobierno de Joe Biden —mediante nota diplomática— “aclarar” el financiamiento que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha otorgado a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.
Nada dijo López Obrador de la participación que su gobierno ha tenido —a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria— en las reuniones de análisis sobre dicho tema con la USAID y con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria.
Tampoco calificó como “intervencionista” al acuerdo que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez aceptó con la USAID, a través de una carta firmada en marzo de este año “en respuesta a la necesidad de fortalecer las acciones de protección, respeto y garantía, así como de coadyuvar en los esfuerzos del Gobierno de México para prevenir y atender las violaciones graves a los derechos humanos”.
Menos dijo algo en relación a los 165.3 millones de dólares que recibió el Ejército Mexicano vía USAID “para la adquisición de artículos de defensa, servicios de defensa, así como de diseño y construcción”, ni de los 17.9 millones destinados a entrenamiento y equipo militar.
La inquina del presidente de la República contra la organización que dirige María Amparo Casar, usa como pretexto el supuesto intervencionismo estadounidense, cuando en realidad se trata del enojo que le provoca la exhibición de actos de corrupción que han ocurrido durante su gobierno. Es el mismo malestar que le causan otros medios de comunicación, a los que denuesta permanentemente y por las mismas razones.
Ante la imposibilidad de demostrar que las investigaciones periodísticas de “Mexicanos contra la Corrupción” y otros medios son falsas, el presidente ha optado por utilizar argumentos ad hominem contra periodistas y medios, es decir, atacar a los mensajeros, en lugar de probar la supuesta falsedad de los mensajes.
Los defensores de López Obrador se adaptan bien y pronto a su discurso nacionalista. No califican de “intervencionista” a la cooperación que México ha brindado a El Salvador y Honduras en el marco del cuestionado programa “Sembrando Vida”, pero sí consideran que el trabajo de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” representa un acto de intervención ilegal de los Estados Unidos.
Y aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard tiene razón cuando afirma que el comunicado de Joe Biden —relativo al fortalecimiento de las estrategias de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil— no constituye una respuesta a la nota diplomática emitida por México, lo cierto es que con ella el presidente estadounidense deja en claro el tamaño de la importancia que tiene la nota diplomática del gobierno de México. Dicho en términos coloquiales: “te lo digo Juan, para que lo escuches Andrés”.