En la novela “1984” George Orwell afirma que “no se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; sino se hace la revolución para instaurar la dictadura”. Y esto evocan los constantes intentos de la “cuarta transformación” por concentrar el poder y por acabar con los contrapesos democráticos.
Los ataques contra los equilibrios de poder se han dado por múltiples frentes. Uno de estos frentes ha sido el económico. Desde el inicio del sexenio el partido en el poder ha hecho graves recortes presupuestales en contra de los organismos autónomos, poniendo con ello en riesgo su capacidad operativa. Tan sólo para dimensionar, el presupuesto de los organismos reguladores ha sido reducido en más del 77% del 2018 al 2021.
Otro atentado que han sufrido los equilibrios de poder, han sido las imposiciones de personas sin capacidad ni experiencia para dirigir organismos de gran relevancia. Así sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Comisión Reguladora de Energía; donde lo que importó no fue la capacidad, la experiencia o la legalidad, sino la adhesión ciega al partido gobernante.
Lo más reciente ha sido la iniciativa en contra de la autonomía del Banco de México y la propuesta presidencial de desaparecer organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El gobierno federal argumenta una supuesta “austeridad”. Pero el presupuesto en su conjunto de estos organismos es de poco más de 48,000 millones de pesos; lo que es equiparable a los más de 45,000 millones de pesos que costará la refinería de Dos Bocas. Una refinería que ha sido catalogada por los expertos como inviable y que a pesar de ello sigue sin ser cancelada.
Los organismos reguladores y autónomos ejercen funciones de vigilancia y contrapeso frente al gobierno por lo que es fundamental su independencia. Sólo un gobierno autoritario pretendería eliminarlos pues al hacerlo se proclamaría como juez y parte. Y está claro que la “austeridad” es sólo un pretexto. En realidad, sale más caro el no tener organismos autónomos y transparentes que den certeza y confianza a nivel nacional e internacional.
Pero pareciera que para este gobierno hablar de transparencia es meramente un recurso retórico. En el 2020 el gobierno del presidente López Obrador rompió el récord de adjudicaciones directas llegando al 80.3% de los contratos; aún y cuando la Constitución obliga a que las licitaciones públicas sean el medio prioritario para las adquisiciones y contratos (art. 134).
Quizá por ello resulta incómodo un organismo como el Instituto Nacional de Transparencia, que ha sido clave para investigaciones y denuncias que han destapado los últimos escándalos de corrupción. El desaparecer este organismo permitiría esconder información de posibles hechos de corrupción. Y cabría preguntarse ¿cuántas “estafas maestras” podrá haber en un gobierno que ha roto el récord histórico de adjudicaciones directas?
En México el camino hacia la democracia ha sido largo y difícil. Para derrotar el viejo régimen autoritario se requirió de muchas batallas, así como de la creación de contrapesos de poder. Dentro de estos están los que hoy se encuentran en peligro de desaparecer. Instituciones dedicadas a garantizar el derecho a la información, el derecho a la transparencia y la defensa frente a los monopolios, entre otros.
Lo sucedido recientemente en Estados Unidos con el asalto al Capitolio debe ser una llamada de atención sobre los riesgos que implican la polarización y los populismos para las libertades y la democracia. Afortunadamente en el vecino del norte las instituciones fueron lo suficientemente fuertes como para preservar la democracia.
Pero esto no siempre sucede así. En los últimos años la mayoría de los quiebres democráticos no fueron provocados por golpes militares sino por gobiernos electos. Así sucedió en Venezuela, Hugo Chávez inició ganando las elecciones para después modificar la constitución y perpetuarse en el poder hasta su muerte. Lo mismo sucedió en Bolivia. Evo Morales, tras llegar al poder reformó la constitución para poder reelegirse indefinidamente. Afortunadamente en 2019 no logró la reelección cuando iba por su cuarto mandato.
En el 2018 los mexicanos votaron movidos por la promesa de un mejor país y de un mejor gobierno, no por un retroceso democrático o por la consolidación de un régimen autoritario. No podemos permitir que bajo el pretexto de la “austeridad” prosperen iniciativas que pongan en riesgo nuestra democracia.