El pasado domingo 19 de abril Presidencia de la República dio a conocer que tan sólo ese día se registraron 105 homicidios dolosos, el día con la mayor cantidad de víctimas de este 2020.
El día siguiente, el lunes 20, se rompió de nuevo el récord negativo con 114 homicidios cometidos.
En los primeros 20 días de abril se registraron mil 719 víctimas de homicidio, lo que equivale a un promedio diario de casi 86 víctimas.
En plena pandemia por el covid-19, podemos observar dos realidades contradictorias en materia de seguridad: por un lado, la violencia letal aumenta, así como delitos relacionados con delincuencia organizada, mientras que, por el otro, los delitos patrimoniales, los delitos más cercanos al ciudadano, disminuyen.
Que los delitos patrimoniales bajen en un periodo de confinamiento de la población era de esperarse, ante un número importante de actividades cerradas, un menor número de gente en las calles era algo que quienes nos dedicamos a analizar los delitos lo habíamos pronosticado.
De igual manera, dado el comportamiento y lógica de la delincuencia organizada, previmos que la violencia con o sin confinamiento seguiría creciendo.
Según información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado marzo -comparado contra marzo 2019- disminuyeron el feminicidio en 14.29%; el homicidio culposo 3.44%; el secuestro 42.42%; la extorsión 5.04%; el robo con violencia 18.93%; robo de vehículo 19.44%; el robo a casa habitación 17.01%; el robo a negocio 21.03%; el robo a transeúnte 20.33%.
Ante estas buenas noticias, lamentablemente tenemos en contraste que el homicidio doloso creció 6.11%; la violación 13.64%; la trata de personas 82.61% y el narcomenudeo 19.34%.
De hecho, la cantidad de víctimas de homicidio doloso de marzo -3078-, es la segunda más alta de la historia, sólo por detrás de julio 2018 con 3158 víctimas.
Con datos oficiales a la mano, es evidente que la violencia sigue creciendo. Ante el segundo peor mes de la historia tanto de víctimas como de número de casos de homicidio, de violación y de narcomenudeo de la historia, se vuelve insostenible el argumento que tanto el presidente López como el secretario Durazo han repetido por meses, que ya se había alcanzado el nivel más álgido de violencia, que ésta ya iba en descenso.
Además, si se analiza cómo se están sumando los homicidios en los primeros 20 días de abril de 2020, este mes podría llegar a ser el más violento de los últimos 24 años.
Si queremos comenzar a disminuir la violencia, debemos cambiar la lógica de gasto y crecer la cantidad de recursos que se destinan a la seguridad y justicia; implementar una estrategia de largo plazo que sea evaluable objetivamente; así como una fuerte voluntad política que se cristalice en mensajes y acciones claros de qué ha de permitir el Estado y qué no.
Urge crecer el gasto en seguridad hasta llegar a un 3% del PIB -para de ahí crecer y mantenernos en un 5%-; urge distribuirlo mejor, evaluarlo objetivamente y generar sanciones ante cualquier mal uso; una cantidad superior de gasto permitiría contratar una mayor cantidad de personas, capacitarlas mejor, distribuir cargas justas y realistas de trabajo, supervisarlas mejor, pagarles mejor, tratarlas mejor; con un gasto suficiente podríamos equipar adecuadamente a individuos e instituciones.
Si definiésemos una estrategia sustentada en indicadores y pensada para las próximas décadas, podríamos garantizar una evaluación objetiva que permita continuidad a los proyectos.
Lamentablemente el plan de esta administración federal va en sentido opuesto, despidieron una importante cantidad de funcionarios en seguridad y justicia, por lo que las cargas laborales -ya injustas- se han vuelto imposibles de cumplir-; se redujeron salarios y prestaciones a un porcentaje importante de funcionarios, incentivando el malestar y ello generó problemas personales que se terminan traduciendo en distracción en el trabajo; recortaron al gasto en seguridad como ningún otro gobierno había hecho, por segundo año consecutivo el gobierno federal destinó el menor porcentaje para este rubro de los últimos 20 años -apenas el 0.8% del PIB-, lo que ha traído como consecuencia carencias e inoperatividad para las instituciones de seguridad y justicia.
Al mismo tiempo el presidente ha enviado mensajes contrapuestos acerca del rol del Estado en el combate a los delitos, ¿el delito debe ser sancionado o simplemente se acusa a los delincuentes con sus madres?
Hace tan sólo 20 días el presidente López declaró que la pandemia (del covid-19) venía como anillo al dedo para su gobierno, una declaración que puede ser insensible para cualquier persona que haya perdido a un ser querido por dicha enfermedad, para cualquier familia que viva en carne propia la crisis económica derivada de la pandemia, que se encuentre sin trabajo, si dinero.
Sin embargo, pese a ser una muy desafortunada afirmación, permite entender con claridad las prioridades de esta administración: centrar la discusión sobre la salud distrae de las crisis de violencia y económica, la pandemia se vuelve el enemigo a vencer al cual podemos culpar de la falta de recursos y de la mayor crisis económica en décadas, pese a que esta ya estaba en marcha por las malas decisiones de este gobierno.
En efecto, desde la lógica de López, le vino como anillo al dedo que la crisis de salud haya coadyuvado a la disminución de delitos comunes, que la pandemia acapare la discusión pública para que en los medios de comunicación pase inadvertido que la violencia llega a niveles sin precedentes.
A lo largo de esta pandemia han muerto muchas más personas por mano de la delincuencia que por el covid-19, sin querer menospreciar una terrible enfermedad y sus efectos para toda la sociedad, es importante recordarlo para llamar la atención del gobierno federal, dado que los recortes presupuestales y la ausencia de una estrategia siguen matando a miles de personas cada mes.
Así mismo, es importante que el conjunto de autoridades tenga presente que, cuando la pandemia nos permita regresar a la nueva normalidad, salir a las calles, abrir negocios al público, la actual crisis económica será un perfecto caldo de cultivo para que los delitos -que gracias al anillo al dedo de la pandemia- vuelvan a crecer. Recordemos que, como ha sucedido en pasado, tras una crisis económica, siempre crecen los delitos.
La violencia no disminuye, los delitos que hoy bajaron están destinados a crecer ¿serán capaces López y su administración de aceptar sus errores y corregirlos? ¿Finalmente el gobierno rectificará y pondrá en marcha una estrategia bien definida con los recursos necesarios o por lo contrario buscarán otro “anillo para su dedo” que distraiga a las personas de los errores que este gobierno comete una y otra vez en materia de seguridad?