Uno de retos centrales en el combate a la corrupción es la colaboración entre autoridades y el intercambio de información. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas generan información sobre las actividades que desarrollan y aquellas que llevan a cabo las personas físicas y jurídicas con las que se relacionan.
Las personas que cometen actos de corrupción operan bajo la premisa de que los documentos e información de una autoridad no son compartidos con otra, que las entidades federativas y la federación no se comunican para realizar investigaciones con el necesario soporte probatorio.
La falta de transparencia y el contexto de poca colaboración entre autoridades, genera espacios para que las y los corruptos comentan este delito sin la más mínima preocupación sobre las consecuencias y sanciones que la ley prevé para sancionar la comisión de actos de corrupción.
Ir de un cargo a otro, de un puesto a otro, parecía la forma perfecta para ir cerrando etapas a la fiscalización de los ingresos, egresos y de los conflictos de interés a la largo de una trayectoria pública. La información generada no se compartía, no se revisaba, no se tenían controles que permitieran prevenir, erradicar y sancionar los actos de corrupción. La compra de bienes muebles, inmuebles, de arte, la creación de empresas fachadas y las facturas falsas conformaban la estructura perfecta para el movimiento nacional y transnacional de los recursos públicos obtenidos ilícitamente.
No sorprende entonces la preocupación que se ha generado en diversos sectores respecto a la forma en que diversas instituciones están sentando las bases que les permitan colaborar entre ellas y, desde su ámbito de competencia, actuar en contra de la corrupción y la impunidad.
Los vacíos legales son utilizados por delincuentes que disfrazados de expertos en diversos temas, sientan las bases para que el dinero público que debería destinarse en programas sociales, en educación, en salud y en la promoción y garantía de los derechos humanos, sean desviados a sus cuentas personales y las de sus clientes, sin que les preocupe que con la comisión de estos delitos afecten los derechos esenciales de la mayoría de las personas que viven en este país. Esos que se promueven como expertos y que con orgullo diseñan estrategias creyéndose exitosos hombres de negocios, en realidad cometen y asesoran a otras personas a cometer un ilícito.
Las autoridades y la sociedad mexicana debe castigar duramente a las y los funcionarios públicos que ligados con empresarios; con el crimen organizado; manipulando licitaciones o creando estructuras jurídicas falsas, se apropien ilegalmente de recursos que son de todos los mexicanos y condenan a las peores condiciones de vida a grandes sectores de nuestra sociedad. Es momento de apuntalar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Cada uno de nosotros tiene una trinchera desde la cual combatir este delito.